Una semana de vértigo

Tras el mazazo que supuso el sábado el anuncio por parte del presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, de activar el artículo 155 de la Constitución en su versión más contundente, aún quedan unos días, pocos, para intentar evitar el peor de los escenarios que sería la liquidación de la autonomía de Catalunya. Sin embargo queda claro que las opciones son pocas puesto que a estas alturas el tan reclamado diálogo parece aún más imposible que semanas atrás porque todas las partes hacen oídos sordos a cualquier propuesta que plantee su contrincante. Entramos pues en unos días de vértigo que tendrán su meta, si no hay una sorpresa mayúscula, el viernes con el pleno de Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y un apoyo incondicional tanto de Ciudadanos como del PSOE, aunque esto con voces muy críticas de alcaldes catalanes como la de Núria Parlon, primera edil de Santa Coloma de Gramenet, que dimitió de la ejecutiva de los socialistas por su oposición frontal a la aplicación del 155. Como decimos, quedan cinco días. Mañana, la Cámara Alta conformará la comisión específica que estudiará las medidas aprobadas el sábado en el Consejo de Ministros. Este análisis se prolongará dos días, hasta el jueves, y ese es el mismo tiempo de que dispone Carles Puigdemont para presentar alegaciones al respecto o personalmente en el Senado o enviando a un representante de la Generalitat, posibilidades de las que difícilmente se servirá.

Paralelamente, el President tiene la potestad de convocar elecciones antes de llegar al viernes, extremo este que por ahora parece descartado y que a su vez permitiría desactivar el órdago anunciado por Rajoy. Vistos estos plazos, el 27 de octubre será la jornada clave puesto que se reunirá el Senado y, si no hay novedades, también lo hará el Parlament, atendiendo a la petición que planteó el sábado Puigdemont, para “dar respuesta al intento de liquidar el autogobierno” de Catalunya. El president no pronunció la palabra independencia o república, pero todo hace prever que la mayoría soberanista acuerde levantar la suspensión de la declaración de independencia, extremo que ya avanzó Puigdemont en el caso de que el Ejecutivo central activase el 155. Estamos pues a las puertas de vivir entre dos legalidades y entrar en un inexplorado período de consecuencias del todo imprevisibles.