El fracaso de la política

Después de que el viernes, por este orden, el Parlament proclamara la independencia y el inicio del proceso para la creación de la República catalana y el Senado diera luz verde a la aplicación del artículo 155, Rajoy cesara al Govern en pleno, disolviera el Parlament y convocara elecciones para el 21 de diciembre, se puede decir que la política, entendida como un instrumento para pactar, negociar y acordar un marco de convivencia satisfactorio para todas las partes, ha llegado al final de una etapa con un rotundo fracaso. El camino que han emprendido unos y otros se defiende mejor desde el papel que desde su puesta en práctica, porque está plagado de dificultades. Hacer realidad la República catalana requiere de una negociación política previa con el Estado español –que ahora se antoja imposible–, acceso a los mercados financieros, seguridad jurídica y el reconocimiento internacional que hasta hoy no se ha producido. A Rajoy también se le plantean dificultades para llevar a la práctica la intervención de la autonomía de Catalunya con el artículo 155, con funcionarios que pueden resistirse abiertamente o solapadamente y con la calle en constante movilización, y la mejor prueba de ello es que la previsión inicial que tenía era celebrar elecciones autonómicas en seis meses y al final dispuso un tiempo más corto y las convocó para dentro de 54 días.

Desde ayer se ha abierto una nueva etapa en la que, por desgracia, el protagonismo lo asumirán los tribunales. Ayer, el cesado por Rajoy President de la Generalitat rechazó desde Girona acatar el 155 porque solo lo puede cesar el Parlament, y reclamó una resistencia pacífica y democrática. En pocos minutos la respuesta de Madrid fue recordar que estaba cesado a todos los efectos y que desde este momento la calificación de las conductas de Puigdemont corresponde al ámbito judicial. Una salida que puede ocasionar humillaciones y sufrimiento, porque personas concretas pueden acabar en la cárcel siguiendo los pasos de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, a menos que Rajoy frene a un ansioso fiscal general de aplicar medidas penales en su grado máximo. Confiemos en que haya hecho mella el mensaje de Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo: “Espero que el Gobierno español favorezca la fuerza de los argumentos, no los argumentos de la fuerza.”