La justicia belga como espejo

Un juez de instrucción belga dejó anoche en libertad condicional al president Carles Puigdemont y los exconsellers Meritxell Serret, Lluís Puig, Antoni Comín y Clara Ponsatí, después de que los cinco se hubieran entregado por la mañana voluntariamente en un comisaría de Bruselas, a raíz de la orden europea de búsqueda y captura dictada por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que es la que la pasada semana decretó la prisión provisional sin fianza para 8 exconsellers y que, anteriormente, hizo lo mismo con Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. La resolución adoptada ayer por el juez no entra a valorar si Puigdemont y los exconsellers deben o no ser entregados a España, sino que se basa en considerar que no hay riesgo de fuga de Bélgica mientras una Cámara del Consejo (un tribunal de primera instancia) adopta una decisión sobre esta cuestión, un trámite que puede prolongarse hasta tres meses. Este segundo tribunal será el que deberá analizar si los delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos, desobediencia a la autoridad y prevaricación de los que están acusados en España están recogidos también en la legislación belga y si las penas se corresponden. Esto es así a priori en el delito de malversación de fondos, en el que la legislación es equiparable en ambos países, pero no en los de rebelión y sedición. En el primero su definición es muy diferente en Bélgica, ya que solo se prevé contra la autoridad policial y no contra el Estado, y sus penas son mucho más bajas, mientras que el segundo no existe como tal y solo hay alguno parecido. Precisamente, la decisión de la justicia belga será determinante sobre estos dos últimos delitos, porque si concluye que no se corresponden con los de su país y que la petición de penas es desproporcionada, España no podría juzgar a Puigdemont y a los cuatro exconsellers ni por rebelión ni por sedición. Además, este tribunal también tiene la opción de acabar rechazando su extradición porque Bélgica traspuso la euroorden de la UE de forma garantista y prevé esta posibilidad en el supuesto de que los jueces entiendan que los detenidos puedan ver vulnerados sus derechos fundamentales al ser juzgados en su país. En todo caso, la resolución de este tribunal belga será una especie de prueba del nueve sobre hasta qué punto la jueza Lamela y la Fiscalía actúan en base a criterios políticos o jurídicos.