Excesos verbales

Si en algo han coincidido los independentistas catalanes y los constitucionalistas españoles es en acusar a sus adversarios de propiciar un golpe de Estado. Lo repitió ayer Puigdemont y muchos han sostenido tesis paralelas en el otro bando, empezando por dirigentes del PP y siguiendo por algún socialista como Josep Borrell, que afirmó que “el referéndum era un golpe de Estado de un régimen neodictatorial que derriba un orden legítimo para imponer otro sin garantías”. Son expresiones que tal vez aseguran titulares, que también animan a los partidarios y hasta pueden convertirse a puro de repetirse en verdades asumidas por los que comulgan con las ideas de quien las propugna. Pero ni retorciendo el concepto puede considerarse desde ninguno de los bandos que lo vivido en Catalunya sea un golpe de Estado en sentido clásico, es decir una actuación violenta y rápida por la que un grupo, históricamente de militares, se apodera de los resortes del poder desplazando a las autoridades existentes, aunque el italiano Curzio Malaparte, en su Técnica del golpe de Estado, ampliara la idea hasta incluir a tramas civiles que con maniobras de desestabilización pudieran generar caos social y provocar la caída del Gobierno y facilitar el acceso al poder de los golpistas. Aquí, afortunadamente, no ha habido actuaciones violentas, ni puede considerarse que haya habido rapidez porque llevamos años escuchando como unos anunciaban la Declaración Unilateral de Independencia y otros esgrimían como respuesta la aplicación del artículo 155. A diferencia de lo que se presupone en un golpe de Estado, aquí estaba todo anunciado y era perfectamente previsible que desde Madrid recurrirían a la ley vigente y que desde la Generalitat se respondería con movilizaciones, porque así lo habían anunciado unos y otros. Desde Madrid se puede argumentar que el artículo 155 está en la Constitución para casos como el vivido en Catalunya, y los independentistas también pueden esgrimir que el gobierno cesado, y parcialmente encarcelado, se ha limitado a cumplir el mandato recibido en las urnas el 27-S y que han aplicado el programa más votado. Como ya hemos dicho, que estén en la cárcel por defender la independencia de Catalunya y aprobar medidas para conseguirla es una aberración jurídica y un error político, que debería corregirse de inmediato, pero cuando unos y otros hablan de golpe de Estado es un exceso verbal.