Solidaridad y desvergüenza

Pocos casos habían despertado tanta solidaridad como el de Nadia, la niña residente en La Seu d’Urgell que padecía una rara enfermedad que necesitaba tratamientos específicos en Estados Unidos, y pocas personas están generando tanto rechazo social como sus padres que, a tenor de los informes de los Mossos y del mismo juez de instrucción de La Seu, habían convertido la enfermedad de su hija en su medio de vida. A la controversia se añadió otra causa penal archivada esta misma semana por la Audiencia de Lleida por exhibicionismo y tenencia de pornografía infantil, porque el tribunal ha considerado que en las 41 fotos en las que los padres salían manteniendo relaciones sexuales, la niña aparecía dormida o sin ángulo de visión directa. No habrá responsabilidad penal, según los jueces, pero difícilmente puede encontrarse justificación a semejante actitud. Más contundente ha sido el juez de La Seu al cerrar el caso abierto por estafa en el que concluye que los padres habían orquestado una estafa en base a la enfermedad de su hija, tricotiodistrofia, una enfermedad rara de origen genético que afecta al desarrollo pero que tiene tratamiento y que en el caso de Nadia no estaba entre los supuestos más graves, convirtiéndola en su medio de vida. Así, durante seis años los padres de Nadia recabaron donaciones y campañas de solidaridad, con apariciones en todos los medios y las televisiones, de forma que, según el juez, recaudaron 1.111.337 euros, en una muestra de que hay mucha solidaridad, de que la ciudadanía responde cuando ve un caso de necesidad y que por mucha crisis que haya, siempre hay gente buena que está dispuesta a ayudar a quien lo necesita y más si es para curar a su hija. Lo indignante es que del millón de euros recaudado, apenas se dedicaron cuatro mil euros a gastos médicos para atender a la niña, según queda acreditado en el sumario, porque los padres dedicaron 800.000 euros a gastos personales como viajes, relojes o joyería, restaurantes o la compra de un coche y el alquiler de la casa en que vivían, y sólo han quedado 313.741 que han sido bloqueados por la justicia. Hay que respetar la presunción de inocencia y sobre todo asegurar que esta tormenta judicial y mediática no afecte a la niña, pero también hay que lamentar la desvergüenza de unos padres que nos engañaron a todos, desde los medios a los ciudadanos, para vivir a cuerpo de rey a costa de la salud de su hija.