EDITORIAL
Cuarenta años del Clot
Hubo una época en Lleida en la que el movimiento vecinal tenía fuerza, capacidad reivindicativa y suficiente respaldo para oponerse a lo que decidían las autoridades, pese a un régimen político que aún no era democrático y a que el franquismo todavía estaba presente a todos los niveles. En el año 1977, los vecinos del Clot de les Granotes consiguieron frenar la construcción de 248 pisos en lo que ahora es la plaza de la Constitución y antes fue el solar que albergó una fábrica de sulfuro. Se había catalogado el área como zona verde en septiembre del 77, pero faltaba la aprobación definitiva, y mientras tanto una constructora intentó aprovechar la licencia urbanística que había conseguido dos años antes para construir pisos. Los vecinos lucharon por la zona verde contra el ayuntamiento franquista presidido por Ernest Corbella con manifestaciones, protestas, asambleas e incluso obstaculizando la entrada de los camiones de la constructora en la zona. Fue un pulso de los vecinos que al año siguiente consiguieron que la Paeria ya en el 78 declarara la caducidad de la licencia concedida y que un año después se ratificara la calificación del solar como zona verde, y que después de su compra por el ayuntamiento, se convirtiera ya en el 91 en la actual plaza de la Constitución, aunque para los vecinos sigue siendo el Clot de les Granotes por las filtraciones de agua que había y la abundancia de ranas en el solar mientras estuvo sin edificar. Fue un hito vecinal y una muestra de cómo los vecinos pueden participar no solo en la ordenación urbanística, sino también en el funcionamiento de las instituciones. El PP en el banquillo Mientras el procés lleva meses acaparando los focos, los casos de corrupción del PP se juzgan en la penumbra informativa pese a decisiones tan graves como la adoptada por la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, que ha decidido procesar al PP por la destrucción de los ordenadores de su extesorero Luis Bárcenas. Es la primera vez que un partido político se sentará en el banquillo y los cargos, destrucción de pruebas y encubrimiento, son incompatibles con la ética.