Cupo para todos

La financiación de las autonomías es uno de los grandes problemas de este país y en la falta de una fórmula justa y equilibrada está el origen de buena parte de los problemas que estamos viviendo en Catalunya. El criterio general es que el Estado central recauda los impuestos y después distribuye entre las autonomías, que con los últimos acuerdos, presentados siempre por los dirigentes de CiU que los negociaban como los mejores de la historia, concedían a las autonomías un porcentaje de la recaudación en los diferentes impuestos. La excepción es el País Vasco y Navarra, que, en virtud de un acuerdo bilateral que se remonta al siglo XIX, disfrutan de un concierto económico por el que recaudan sus propios impuestos y pagan la cantidad que se negocie, el cupo, al Estado por los servicios comunes. Esta peculiaridad, que solo se suprimió durante el franquismo en las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa porque Franco las consideró traidoras, está recogida en una disposición adicional de la Constitución del 78, se va renovando y el jueves se aprobó en el Congreso el acuerdo para los próximos cuatro años después de diez años de divergencias por el que el País Vasco pagará al Estado 1.300 millones anuales, 225 menos de lo que habían firmado en 2007 y recibirá 1.400 millones por los retrasos acumulados. Ciudadanos y algunas autonomías han puesto el grito en el cielo por lo que consideran un trato favorable hacia el País Vasco, cuestionando tanto el concepto como las cantidades pactadas. Es discutible la cantidad que se fija tras una compleja negociación, pero sería un error eliminar el concepto porque se ha demostrado útil, porque las haciendas vasca y navarra funcionan mejor que la española y porque como se ha visto la soberanía financiera es fundamental para garantizar la autonomía. Habría que preguntarse por qué otras autonomías no reclamaron o aceptaron un concierto y en este sentido el que fue consejero vasco Pedro Luis Uriarte recuerda en su libro que Catalunya lo rechazó en 1990 y también en el 2000 con Artur Mas como consejero de Economía porque recaudar impuestos es impopular. El tiempo ha demostrado el error de que los ingresos dependan del reparto de Madrid y lo que tendrían que plantearse las autonomías quejosas es asumir la recaudación de impuestos y en lugar de clamar por la supresión de un derecho histórico y político, trabajar porque lo puedan tener los que quieran.