Un desprecio a Lleida

El ministro de Cultura ha recibido el requerimiento del juez de Huesca y ejerciendo como conseller de Cultura de la Generalitat en virtud del artículo 155 ha ordenado la entrega a Aragón de 44 obras procedentes del monasterio de Sigena que están en el Museu de Lleida. Primero pedirá información a la Generalitat para conocer la ubicación exacta de todas y cada una de las obras, así como la fecha en que se procederá a la entrega para trasladarla al juzgado de Huesca, y llegados a este punto hay que preguntarse qué sabe el ministro de este litigio, si conoce la compra de los bienes por parte de la Generalitat a las monjas de Sigena, los trabajos de restauración hechos, su integración en el Museu de Lleida, que es donde están ubicadas, si ha analizado los procesos judiciales que en varios casos aún están pendientes de resolución, si conoce la ley de patrimonio de la Generalitat, que pese al 155 sigue vigente, y protege las obras del Museu o si está al corriente de quién es depositario de las obras del Museu y las gestiona. Probablemente, al ministro le dan igual estas cuestiones y se ha limitado a decir que cumple la resolución judicial, pero hay que recordarle que hubo alegaciones al auto del juez de primera instancia y que hay pendientes recursos ante la Audiencia de Huesca y en el juzgado de Rubí sobre la misma cuestión. Estamos lejos de una sentencia firme. Pero además también hay que recordarle que el consorcio del Museu es el depositario de las obras y que allí la conselleria de Cultura, aunque ostente la presidencia, solo es uno de los patronos junto a la Paeria, la Diputación, el consell del Segrià y el obispado de Lleida. El ministro ni siquiera se ha dignado consultarles, ni mucho menos reunir al consorcio como hubiera sido pertinente y obligado antes de tomar una decisión de este calibre y se ha arrogado una representatividad y una capacidad decisoria que no le corresponden ni aun invocando el artículo 155. Con esta decisión, el ministro no respeta ni los procedimientos formales, ni los trámites judiciales con recursos pendientes, ni tampoco la legislación catalana sobre patrimonio, pero es que además, desde el punto de vista político, es un desprecio a Lleida, y a Catalunya, adoptar esta decisión en unos momentos de provisionalidad con la Generalitat intervenida por el 155 y sin capacidad de defensa y con unas elecciones dentro de un mes. La más elemental prudencia aconsejaba informarse primero y decidir después.