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Ha arrancado la campaña electoral para el 21-D y desgraciadamente no todos los candidatos están en igualdad de condiciones porque el número 1 de Junts per Catalunya está en Bruselas y el cabeza de lista de Esquerra está en la cárcel de Estremera, después de que el juez Llarena decidiera ayer mantener en prisión a Oriol Junqueras, junto al exconseller de Interior Joaquim Forn y los dirigentes de la ANC y Òmnium Cultural. Es una mala noticia para la campaña, y también para la democracia, que se prorrogue la prisión preventiva para estos cuatro políticos y aún lo es más que se mantenga la acusación por el delito de rebelión o que el juez llegue a considerar a los cuatro que siguen en prisión como “directamente vinculados a explosión violenta”, en referencia a los hechos del 20 de septiembre con las movilizaciones frente al departamento de Economía. Se admite que no hay riesgo de fuga, que tampoco pueden destruirse pruebas, pero el juez interpreta que los cuatro políticos que continúan en prisión pueden reincidir en el delito del que se les acusa y únicamente abre la posibilidad de rebajar las medidas cautelares si hay una manifestación clara de que abandonan sus aspiraciones y que “paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real”. Estamos ante una interpretación muy peculiar de los hechos, en primer lugar porque se equipara una manifestación con una “explosión violenta” de la que se culpa a los que eran consellers de Economía o de Interior o a los presidentes de ANC y Òmnium, que precisamente pacificaron a los manifestantes, y en la que no hay constancia de que hubiera ni siquiera un herido. En segundo lugar, se insinúa que la prisión puede atenuarse si renuncian a su actividad política o a sus ideas, con lo cual se está penalizando el independentismo al afirmar que existe “un riesgo de permanencia en el delito apreciable en todos los investigados”. Y en tercer lugar, habría que recordar que los cuatro presos no han sido juzgados, que los abusos con la prisión preventiva pueden acabar vulnerando la presunción de inocencia, y que no se han aplicado los mismos criterios para los miembros de la Mesa del Parlament o los diferentes consellers. Unos han salido con fianza y otros continúan en prisión. No es buena noticia para una campaña electoral trascendental en la que los catalanes se pronunciarán precisamente a favor o en contra de la independencia.

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