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Después de que el independentismo haya revalidado la mayoría absoluta en las elecciones convocadas por Mariano Rajoy, el gobierno central debería replantearse su política en relación a Catalunya. De momento, el rey Felipe VI ha rebajado el tono y en su tradicional discurso navideño ha apelado a la convivencia. Y es que los catalanes han rechazado el 155 en las urnas, ya que han ratificado el gobierno y el Parlament (con escasísimas variaciones) que fueron cesado y disuelto, respectivamente, con la aplicación, por primera vez en la historia de la democracia, de este polémico artículo restrictivo de la Constitución española. Los pésimos resultados del Partido Popular, con solo cuatro diputados (y el cuarto obtenido en tiempo de descuento en el recuento del voto exterior) y un cuatro por ciento de los votos, abundan en este sentido. Se impone hacer política, y lo más sensato parece que sería que el gobierno español permitiera la investidura del presidente ratificado por los catalanes. Está en sus manos, aunque alegue que la Justicia no depende de él. La opinión del ejecutivo siempre es escuchada por la Fiscalía, y si esta parte no pide prisión preventiva para Puigdemont, es muy probable que el juez del Tribunal Supremo no la ordene. Es verdad que la decisión última es del juez, no de la Fiscalía, y que el magistrado, a diferencia del fiscal general, no es elegido por el gobierno, pero el hecho de que el Ministerio Fiscal no pidiera prisión sería tenido en cuenta, sin duda, por el Supremo. Aunque otras acusaciones, como la del partido Vox, la pidieran, la circunstancia de que no lo hiciera la Fiscalía sería un elemento de vital importancia. Si el gobierno no favorece la investidura de Puigdemont, la situación que podría darse sería inverosímil, ya que el mundo podría ver cómo España encarcela al presidente reelegido por los catalanes. Y cabría incluso otra posibilidad que aún sería más estrambótica: que Puigdemont, tras ser cesado y ratificado en las elecciones convocadas con el 155, ejerciera de presidente desde Bruselas por delegación. Es muy difícil que la Unión Europea tolere una situación tan insólita que se llevaría a cabo, además, desde la ciudad que acoge sus instituciones. Probablemente entonces se le acabaría la paciencia. Hasta ahora no ha hecho nada, es cierto, pero es indudable que puede hacer muchas cosas. Y si no, que se lo pregunten a Polonia...

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