El debate de la presidencia

Una semana después de las elecciones, y tras el paréntesis navideño, han empezado las negociaciones para elegir la Mesa del Parlament que en esta legislatura también tendrá una especial trascendencia por los resultados del 21-D, y paralelamente el debate sobre quién asumirá la presidencia de la Generalitat. En principio y teniendo en cuenta que los catalanes elegimos al Parlament y son los diputados quienes votan al presidente de Catalunya no debería haber dudas si un candidato tiene el respaldo de la mayoría de la cámara como es el caso de Carles Puigdemont, a quien han prometido apoyo los diputados de Junts per Cat, ERC y CUP, 70 diputados que son mayoría sobre 135, por más que Ciudadanos haya sido el partido más votado. Pero como no tiene opciones de alcanzar la mayoría con sus potenciales aliados, Inés Arrimadas no puede ser elegida presidenta de la Generalitat por mucho que la animen a agotar sus opciones desde su partido, desde el PP y hasta desde el PSOE, confiando en una hipotética división del bloque soberanista o la imposibilidad de que todos los electos puedan convertirse en diputados. Las matemáticas son claras y no tiene ninguna posibilidad si el bloque soberanista mantiene su apoyo a Puigdemont, pero la primera incógnita es cómo se resolverá la asunción del acta por parte del candidato de Junts per Cat que está en Bruselas y con una orden de detención en cuanto pise territorio español. La segunda está en si puede acreditarse, junto a sus compañeros exiliados, como diputado y recibir los votos de la mayoría soberanista, algo que en última instancia dependería de la Mesa que elija el nuevo Parlament. Se plantearía después un tercer interrogante en torno a si puede ejercer la presidencia desde Bruselas con un alter ego en Barcelona, algo que rechazan desde ERC negándose a aceptar “un presidente por Skype”. Paralelamente, está por resolver si los diputados electos que están en la cárcel saldrán antes del pleno de constitución, si se resuelve el recurso del exvicepresidente Junqueras que se debate el próximo día 4 o en caso negativo si tendrán permiso penitenciario como ya sucedió con algún electo de Batasuna. Queda la posibilidad de que los electos que no pueden asumir el acta renuncien en favor de los siguientes de la lista, pero no parece justo, y aunque las urnas no puedan eludir la acción de la justicia, hay que buscar soluciones para respetar la voluntad popular.