Calendario en marcha

En aplicación del artículo 155, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, anunció que el Parlament de Catalunya elegido el 21 de diciembre se constituirá el 17 de enero, “después de una ronda de encuentros con los diferentes grupos políticos para valorar los planes de constitución de un gobierno para la Generalitat”. Ha acortado los plazos máximos de apertura de legislatura, de forma que tras las consultas de quien salga elegido presidente del Parlament se podría elegir presidente de la Generalitat el 31 de enero, en primera instancia, o el 2 de febrero si no hubiera mayoría absoluta, y en caso negativo se abriría el plazo de dos meses previo a la nueva convocatoria de elecciones el 2 de abril si nadie consiguiera la investidura. Es una hipótesis altamente improbable pero que conviene recordar porque ya se dio después de las últimas elecciones del 27-S, que saldó con el “paso atrás” de Artur Mas y la elección de Puigdemont. No es mejor el escenario ahora con la suspensión de la Generalitat por el 155 y el candidato con más respaldos para ser presidente residiendo en Bruselas y con pocas posibilidades de acreditarse como diputado si no regresa, con el riesgo de ser detenido y encarcelado. Rajoy descartó cualquier posibilidad de investidura telemática y desde el PP ya se advierte que están preparados los recursos para impedir que la nueva mesa del Parlament, en la que los independentistas seguirían teniendo mayoría salvo extraños pactos de última hora, modifique el reglamento y facilite su investidura. Desde sectores soberanistas ya se advierte que la estrategia de Puigdemont puede que no sea coincidente con los intereses independentistas y si Oriol Junqueras recupera su libertad el 4 de enero en que se ve su recurso el panorama aún se complicará más. Es más que posible porque la estrategia españolista pasa ahora por la división del soberanismo, por profundizar en las diferencias entre la candidatura de Junts per Cat y ERC y también por evidenciar que unos han pasado por la cárcel y otros no. Desde la aritmética parlamentaria estamos hablando de ocho diputados, cinco en Bruselas y tres en prisión, que tendrán problemas para acreditarse y votar y que pueden alterar el equilibrio. No debería ser así porque no se puede vulnerar la voluntad de los ciudadanos en unas elecciones con récord de participación y hay que buscar fórmulas para que sea respetado el voto de los catalanes.