Una mala noticia para todos

Oriol Junqueras seguirá en prisión de manera incondicional. Los tres magistrados que debían analizar su recurso de apelación decidieron ayer por unanimidad que siga encarcelado al considerar que no ha abandonado la vía unilateral y, por tanto, existe riesgo de que reitere su conducta “delictiva” si sale libre. En un auto de 25 folios, el ponente Miguel Colmenero señala que hay indicios por parte del vicepresidente cesado y diputado electo de delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. La resolución del Supremo es sin duda una mala noticia, no solo para el afectado, su familia, su partido y el independentismo en general, sino para España, Catalunya y la distensión necesaria para que este periodo convulso que estamos viviendo dé paso a otro de diálogo, pactos y concordia, que es lo que corresponde a naciones civilizadas y democráticas en pleno siglo XXI. No es una buena noticia para España porque impide que, tras las elecciones autonómicas, el gobierno del PP y la nueva Generalitat lleguen a acuerdos encaminados a restablecer la normalidad institucional y política. Además, los más que discutibles argumentos jurídicos empleados para mantener a Oriol Junqueras en la cárcel lastran la imagen del Estado más allá de sus fronteras, dado que es difícil explicar cómo actuaciones políticas que, por ejemplo, en Bélgica no son ni delito, aquí pueden comportar 30 años de prisión. Tampoco favorece a PSOE y Podemos, que cada vez tendrán más dificultades para mantener sus posiciones entre el apoyo al PP y la equidistancia, sin renunciar a su ideología progresista. La resolución complica también la aprobación de los Presupuestos del Estado, dado que el PNV no lo tendrá fácil para dar su beneplácito necesario con el clima de represión intacto en Catalunya, lo que de rebote perjudicará a todas las comunidades autónomas. Y sobre y ante todo, es una muy mala noticia para la democracia. Mostrar el poder y la fuerza del Estado que perseguía la aplicación del 155 y las instrucciones de la Fiscalía General para las causas penales contra los líderes del independentismo no ha conseguido su objetivo de dar un giro electoral el pasado 21 de diciembre, por tanto, no tiene sentido seguir por esta senda que solo ha traído división, tensiones y crispación. Para que independentistas y constitucionalistas puedan llegar a acuerdos que favorezcan a la mayoría de catalanes y españoles solo cabe el diálogo y la política.