Confinados en Les

El incendio de un camión cisterna que transportaba gas licuado desató ayer la alarma en Les, donde estaba aparcado el vehículo, y obligó a poner en marcha el plan Transcat en cuanto se recibió el aviso pasadas las nueve de la mañana, activándose la alertas por riesgo químico. Sonaron las sirenas, el pueblo quedó confinado con la recomendación a los vecinos para que permanecieran en sus casas, se evacuaron los niños y profesores del colegio, que está junto a la carretera, al consistorio municipal y se cortó la carretera N-230. El confinamiento duró casi dos horas, hasta las once de la mañana después de que los Pompièrs apagaran el fuego y Protección Civil descartara cualquier riesgo, aunque la carretera quedó cortada hasta las cuatro de la tarde y afortunadamente no pasó nada, pero hubiera podido registrarse una desgracia si el incendio del camión se produce por ejemplo en el túnel o no se actúa con la rapidez con que se hizo en Les. Tampoco es la primera vez que se registran episodios parecidos y desde Aran insisten en la necesidad de buscar vías alternativas para el tráfico pesado que cruza cada día el valle, 560 camiones de media cada día de los que una treintena van cargados de materias peligrosas, que se suman a los 2.500 coches, densidad que aumenta en temporadas turísticas. Si añadimos que la N-230 atraviesa todos los pueblos porque no hay variantes, que su trazado lleva tiempo sin mejorarse y la complicada climatología del valle y sus accesos se entenderá la preocupación de los araneses por la abundancia de tráfico pesado por la zona y los problemas que se generan en caso de accidentes. Los derechos de los electoresEn febrero de 1987, la Audiencia de Pamplona autorizó que Juan Carlos Yoldi, en prisión preventiva acusado de varios atentados, pudiera acudir al Parlamento vasco a defender su candidatura a lendakari porque “lo contrario supondría lesionar los derechos políticos de los electores”. El día 26 Yoldi recogió su acta, intervino ante la cámara y al día siguiente volvió a la prisión de Herrera de la Mancha. Ahora, el Supremo le niega a Junqueras lo que hace 30 años se permitió a un etarra.