Esperas inaceptables

Diferentes planes de choque puestos en marcha de forma paulatina por el departamento de Salud de la Generalitat han servido para aliviar puntualmente las listas de espera para someterse a una intervención quirúrgica. Sin embargo, esto seguramente no es ningún alivio para el total de 6.171 leridanos que, a fecha de noviembre, estaban aguardando para ser operados en un hospital público catalán, con la incertidumbre e intranquilidad que esta espera puede suponer. Es cierto que esta cifra (estaríamos hablando como si todos los vecinos de una población como Alpicat se encontrasen en esta situación) es sensiblemente inferior a los 6.618 que aguardaban para ser intervenidos en diciembre de 2016, pero igualmente es del todo inaceptable. Porque el problema no solo radica en la cantidad de personas, que son muchísimas, sino también en el tiempo de la demora. Así, operaciones de varices, amígdalas o relativas a cirugía maxilofacial se fijan a más de seis meses vista y, por ejemplo, correcciones del tabique nasal requieren un promedio de cinco meses de espera. Pese a todo ello, también es necesario señalar que, afortunadamente, intervenciones de urgencia, como las relativas a dolencias oncológicas, respetan el máximo de tiempo garantizado y se practican en un plazo de 40 días desde que son programadas. Y a estos retrasos cabe añadir que otra cantidad similar de personas, en este caso más de siete mil, aguardan para someterse a alguna prueba médica, y en más de la mitad de los casos se trata de resonancias magnéticas o TAC.

El estado de bienestar del que disfrutábamos antes de la crisis económica de hace una década quizá no volverá con el mismo esplendor, pero hay una serie de logros ganados con mucho esfuerzo totalmente irrenunciables, como es el caso de la sanidad pública, uno de sus puntales. Cierto es que la actual situación política catalana, con la intervención del Gobierno central con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, deja las manos atadas a la Generalitat en cuanto a inversiones, pero no lo es menos que la administración, sea la que sea, debe velar para que la atención sanitaria que reciben los ciudadanos sea de primer nivel, de acorde con los impuestos que pagamos.