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Los letrados del Parlament tienen como función asesorar a la cámara en cuestiones técnicas y jurídicas y emitir informes sobre la interpretación del reglamento en cuestiones que pueden suscitar discrepancias, como está sucediendo con la posible investidura a distancia de Carles Puigdemont. Algunos partidos, incluida ERC por boca del que a partir de hoy será nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent, se habían remitido al informe de los letrados para que se aclarara si conforme al reglamento vigente era posible la investidura de Puigdemont. Y el informe de los letrados ha sido contundente porque los ocho juristas consideran que “un debate de investidura precisa de la participación directa y personal” del candidato, cuya asistencia al pleno es “imprescindible”, porque esta presencia es lo que “caracteriza el debate parlamentario, es decir la oralidad, la contradicción directa y la garantía del principio de inmediatez porque todos los actores puedan ver, sentir y entender en persona el desarrollo del debate”. El informe no es tan rotundo al pronunciarse sobre la delegación de voto de los ocho diputados encausados, dejando a la Mesa de edad la decisión de si acepta o no el voto de los diputados que están en prisión o en Bruselas, pero sí considera imprescindible que el candidato a la investidura esté presente en el Parlament, advirtiendo que una investidura que no se ajuste a este requisito estaría “fuera del reglamento y de la ley”. Evidentemente, el informe de los letrados no es vinculante y puede quedar desautorizado por la decisión de la Mesa del Parlament como ya sucedió el pasado mes de septiembre, pero es un dato significativo que los letrados de la cámara, todos juristas de reconocido prestigio y alguno con pasado militante en un partido independentista, se hayan pronunciado con esta rotundidad. Ahora, habrá que ver qué decide la mayoría independentista y si opta por un cambio exprés del reglamento del Parlament o simplemente por obviar el informe de los letrados, porque al menos desde el PDeCAT no se plantean otra opción que no sea la investidura de Puigdemont y, a la vista del informe, los obstáculos no son de apoyo parlamentario, sino de interpretación jurídica. Y ya está anunciado que si se llega a la investidura a distancia, los recursos están preparados y el mismo Rajoy ha advertido que prolongará la aplicación del artículo 155. Y tampoco es ninguna solución seguir con la actual intervención.

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