Investidura e instituciones

Mientras Carles Puigdemont se desplazaba a Dinamarca sin que el juez activara la euroorden de detención solicitada por el fiscal, el presidente del Parlament le proponía como candidato a la investidura en la sesión que debe celebrarse la próxima semana. Era lo pactado entre los grupos soberanistas y también lo previsto tras la constitución del Parlament porque Puigdemont representa a la fuerza más votada entre los independentistas, porque pidió el voto para hacer posible el regreso de Bruselas y porque su estrategia gira en torno a la restitución de la situación anterior a la aplicación del artículo 155. Desde Esquerra se ha planteado alguna reticencia a la viabilidad de una investidura a distancia, han mostrado cierto malestar por algunas declaraciones de Puigdemont en el sentido de que prefería ser presidente que presidiario y se ha hecho hincapié en que la prioridad es la recuperación de la Generalitat, y ayer mismo su portavoz reclamaba que hubiera un gobierno catalán a finales de este mes. Nadie puede cuestionar que el bloque independentista tiene la mayoría suficiente para gobernar, pero desde el punto de vista judicial ganar las elecciones no equivale a saldar cuentas pendientes y desde la fiscalía se ha recordado que la inmunidad parlamentaria no equivale a impunidad y que Carles Puigdemont está reclamado por la justicia española. Paralelamente, los mismos letrados del Parlament advierten que una investidura a distancia no está prevista en el ordenamiento vigente y el gobierno central ya ha advertido que la investidura telemática de Puigdemont conllevaría la prórroga del artículo 155 y que la Generalitat continuaría intervenida. Desde el bloque independentista se insiste en que no hay ningún plan B y que su única opción es la proclamación de Puigdemont como presidente, por lo que previsiblemente la Mesa del Parlament aprovechará su mayoría soberanista e interpretará a su manera el reglamento para facilitar la investidura y la elección de Puigdemont, que automáticamente será impugnada ante el Constitucional sin que la llegue a sancionar el rey y que previsiblemente será anulada. Continuarán aplicando el artículo 155, la Generalitat seguirá intervenida y la recuperación de las instituciones tendrá que esperar. ¿Es lo mejor para Catalunya? ¿Hay otra alternativa? ¿Aceptará el bloque independentista presentar un candidato que no esté perseguido o imputado? Seguimos en terreno desconocido.