Embrollo político y jurídico

El gobierno de Rajoy había anunciado por activa y por pasiva que utilizaría todos los instrumentos posibles para evitar la investidura de Carles Puigdemont, que tiene los votos necesarios tras las elecciones del 21-D pero está perseguido por la justicia española y ha sido el único candidato propuesto por el presidente del Parlament para la sesión de investidura fijada para el martes 30. Como no se pueden recurrir intenciones o voluntades, han tenido que esperar a que hubiera un acto jurídico, la propuesta del Parlament de Puigdemont como candidato, para anunciar que hoy tienen previsto recurrir ante la Constitución esta propuesta porque, según la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, “el candidato no tiene libertad deambulatoria” y será detenido en cuanto pise territorio español. Para presentar el recurso, es preceptivo, aunque no vinculante, el informe del Consejo de Estado que se apresuró a pedir el Gobierno, sufriendo un serio revés en su estrategia porque el organismo consultivo ha considerado que “no hay fundamentos ahora para impugnar esta candidatura”, con lo cual la situación jurídica aún se complica más porque el Gobierno anunció que sigue adelante con el recurso, pese al dictamen negativo del Consejo de Estado, y se verá si el Constitucional lo admite y paraliza o no la investidura o si espera a la sesión del martes y entonces impugna los votos a distancia y la elección de Puigdemont. La complejidad de los escenarios posibles de aquí al martes se multiplica si el Constitucional admitiera el recurso y paralizara la investidura porque entonces sería el presidente del Parlament quien tendría que decidir si acataba la orden, si negociaba la propuesta de otro candidato, opción que ayer descartaban tanto Junts per Catalunya como Esquerra, o bien seguía adelante con la convocatoria asumiendo las posibles responsabilidades. Parece evidente que la aplicación del artículo 155 no ha solucionado absolutamente nada, que las elecciones confirmaron la mayoría parlamentaria de los independentistas y que al conflicto político se añade ahora un monumental embrollo jurídico que tardará años en sustanciarse, y no es bueno que tengan que ser los jueces los que solventen los problemas políticos. Y lo peor es que todo apunta a que la recuperación de la Generalitat, objetivo prioritario para la gran mayoría de catalanes, tendrá que seguir esperando porque la prolongación del 155 es una amenaza real.