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El Gobierno de Mariano Rajoy vio ayer cómo el Tribunal Constitucional no aceptaba admitir a trámite su recurso contra la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat en los términos en que estaba planteado. El pleno del TC, tras más de seis horas de debate, adoptó finalmente una postura salomónica al acordar de forma unánime suspender la investidura de Puigdemont solo en el caso de que el Parlament acuerde que sea telemática o cualquier otra fórmula no presencial. Esta decisión matizó así el claro rechazo al recurso que planteaban tanto la ponencia inicial del magistrado progresista Juan Antonio Xiol como el informe de los letrados del TC, que consideraban que su objetivo solo era evitar la eventualidad de la elección de Puigdemont, cuando de momento sólo ha sido propuesta su candidatura. Los magistrados optaron finalmente por aplicar una medida cautelar previa a admitir o no a trámite el recurso para salvar la unidad que han mostrado en todas sus resoluciones sobre el proceso independentista catalán. De esta manera, al establecer que el líder de Junts per Catalunya debe acudir personalmente a la Cámara y obtener para ello la autorización previa del juez, imposibilita en la práctica su investidura, ya que aunque consiguiera llegar al Parlament eludiendo la vigilancia policial, nunca podría hacerlo con el permiso judicial. Por si no fuera bastante, también aclara que los diputados “sobre los que pese una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión [todos los que están en Bruselas] no podrán delegar el voto en otros parlamentarios”. Por último, la resolución advierte expresamente al presidente del Parlament, Roger Torrent, y a los demás miembros de la Mesa de las responsabilidades, “incluidas las penales”, en caso de no acatar la suspensión de la sesión si el candidato no acude presencialmente. De alguna manera, lo que ha hecho el Constitucional es corregir un recurso insostenible eludiendo pronunciarse sobre el mismo, para que no pudiera interpretarse que la chapuza del Gobierno daba una victoria legal al independentismo. Pero este hecho ilustra también la irresponsabilidad del Ejecutivo de Rajoy al persistir en su obcecación de utilizar al TC como ariete contra el proceso soberanista, obviando toda alternativa política, ya que lo que hace es erosionar al organismo encargado de velar por la Constitución que el PP proclama siempre defender.

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