Investidura aplazada

Horas antes de que empezara el pleno de investidura, el presidente del Parlament, Roger Torrent, anunció su aplazamiento para asegurar una investidura con garantías, insistiendo que en ningún caso se desconvoca el pleno y que el único candidato a la presidencia de la Generalitat sigue siendo el propuesto, Carles Puigdemont. La decisión de Torrent, avalada por todo su partido, ERC, con Oriol Junqueras en cabeza, es una forma de parar el reloj para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre las alegaciones del Parlament, y también las de Puigdemont, y que aborde asimismo el fondo de la cuestión que en su resolución del pasado sábado dejó aplazada para centrarse en las medidas cautelares. Evidentemente, las reiteradas advertencias sobre las posibles responsabilidades penales en que podía incurrir Torrent también habrán pesado en el aplazamiento porque es comprensible que nadie quiera ser procesado, ni acabar en prisión, y así lo ha interpretado su partido, que considera la decisión “inteligente, honesta y valiente”. Menos comprensivos se han mostrado desde Junts per Catalunya y la CUP, al considerar los primeros que se daban las condiciones políticas para celebrar el pleno y al acudir los segundos al hemiciclo y criticar duramente el aplazamiento y aunque Torrent y Esquerra mantienen su respaldo a la investidura de Puigdemont sí se escenificó ayer una división en el bloque independentista que ya se había atisbado en algunas declaraciones, como las de Joan Tardà, reclamando el sacrificio de Puigdemont y la propuesta de otro candidato de Junts per Catalunya. Al margen de los nombres, hay una diferencia en la estrategia y en las prioridades: para ERC lo importante es recuperar las instituciones y que la Generalitat vuelva a funcionar y para Junts per Catalunya la prioridad es restituir la presidencia de Puigdemont, aunque sea a costa de nuevos procesamientos y arriesgando la prolongación del 155. Lo que no se entiende es la satisfacción del gobierno central porque seguimos en un limbo jurídico que no está contemplado ni por la Constitución, ni por el Estatut, que aún se ha visto agravado por la torpeza de la vicepresidenta, que se estrelló contra el Consejo de Estado y obligó al Constitucional a hacer unas piruetas jurídicas cuyo resultado sigue siendo incierto. Y hasta que se aclare el Constitucional en los diez días de plazo, que tengan claro que el candidato sigue siendo Carles Puigdemont.