Seguimos en el limbo

Han pasado más de tres meses desde aquel 27 de octubre en que los diputados independentistas proclamaran la república catalana y el Senado español autorizara la aplicación del artículo 155 que representaba la intervención de la Generalitat de Catalunya. Se convocaron elecciones desde Madrid, y no desde el Palau de la Generalitat como hubiera podido hacer Puigdemont, vivimos una campaña y votamos dejando un resultado parecido al que había con mayoría del bloque independentista, pero con diputados encarcelados y el candidato a la investidura refugiado en Bruselas y perseguido por la justicia española. Hemos visto cómo todos recurrían ante los tribunales todo lo recurrible y cómo ante las advertencias de responsabilidades penales el presidente del Parlament aplazó una investidura a distancia contra la que se habían pronunciado los letrados de la cámara y el mismo Constitucional. Ahora, los letrados dicen que no corren los plazos fijados por el Estatut, pero tampoco tienen unanimidad, desde el bloque soberanista se planteó una doble presidencia entre Bruselas y Barcelona que sin duda será recurrida desde Madrid y que también está generando divisiones entre JxCat y ERC y desde el bloque constitucionalista el PP reprocha a Ciudadanos que no asuma su condición de partido más votado y plantee una candidatura que aritmética y políticamente es imposible. Nadie se atreve a pronosticar qué puede pasar ni jurídica, ni políticamente porque estamos en una situación que ni se había vivido, ni siquiera contemplado y aunque oficialmente el único candidato a la investidura es Puigdemont, el mismo Junqueras admitía ayer en unas curiosas declaraciones a Telecinco que ve inviable una presidencia efectiva de Puigdemont desde Bruselas, aunque para sus socios de JxCat es la única opción posible. Podemos seguir así de forma indefinida o al menos hasta que el Constitucional vaya pronunciándose o el bloque mayoritario presente un candidato que no esté imputado, pero hay que recordar que seguimos con la Generalitat intervenida, o lo que es lo mismo, con la administración paralizada y las conselleries inactivas. Desde Madrid admiten que no han tenido problemas con el funcionariado catalán a la hora de aplicar el 155, pero desde Catalunya hay que reclamar como prioridad absoluta recuperar la Generalitat, respetando lo votado el 21-D pero aceptando también el marco legal.