Cambio en la Paeria

Desde que el PSC firmó con lo que quedaba de Unió una alianza electoral para las elecciones catalanas, de la que Àngel Ros admitió ser uno de los principales valedores, se especulaba con las repercusiones de un pacto entre dos fuerzas que históricamente se habían alineado en bloques antagónicos y con diferentes ideologías aunque coincidieran en una postura común a favor de las terceras vías en la cuestión soberanista. Para los democristianos el pacto fue una forma de recuperar visibilidad e integrarse en una coalición que les diera algún diputado, como así ha sucedido, mientras que los socialistas lo justificaban porque podía ampliar su base electoral, algo que no se concretó en la práctica en la medida que esperaban, y también porque podían mejorar las expectativas de formar candidaturas en algunas comarcas donde los socialistas lo tenían más complicado. Pero la primera consecuencia se ha visto en la Paeria donde una concejala que se presentó en las filas de Convergència i Unió, Rosa Mari Salmeron, abandona el grupo para incorporarse al de los socialistas, propiciando un significativo cambio en el inestable equilibrio municipal porque se suma un voto al equipo de gobierno, que ahora tendrá nueve, que se resta del principal grupo de oposición, PDeCAT i Unió, que se queda con cinco. Ros seguirá necesitando el apoyo de los grupos que hasta ahora le han apoyado, Ciudadanos y PP, pero lo tendrá más fácil con un abanico de posibilidades más amplio en el que puede bastarle con que los populares se abstengan. Para los socialistas el cambio de Salmeron es la consecuencia lógica del pacto entre PSC y Units, el partido que ha recogido el testigo de Unió y en el que milita la regidora, mientras que desde el PDeCAT, y el resto de la oposición, hablan de un caso flagrante de transfuguismo, y hasta de traición, porque una concejala elegida en una candidatura que se presentaba claramente como alternativa a Ros acaba integrándose en el grupo del alcalde contradiciendo claramente el mandato de sus votantes. Cada cual lo interpreta a su manera, pueden encontrarse argumentos que justifiquen las dos posturas y al final hay que plantearse quién es el titular del acta de concejal o de diputado: la persona electa o el grupo que la presenta o incluso si está legitimado el cambio cuando se modifica el ideario. Aquí, la titularidad jurídica corresponde a la persona, pero el juicio ético es libre e individual.