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A los pensionistas se les había considerado hasta ahora un colectivo tranquilo, más bien conformista y resignado y que incluso había funcionado como el sostén económico de muchas familias durante la etapa más dura de la crisis económica, pero ya están hartos de ser la reserva de votos de la que los políticos solo se acuerdan cuando hay elecciones, de soportar en primera persona los embates de la crisis, de ver cómo pierden poder adquisitivo cada año y de soportar los anuncios de que las pensiones pueden bajar después de que se haya dilapidado el fondo de reserva de la Seguridad Social engrosado por las cotizaciones de toda su vida. Los pensionistas, o al menos una parte de ellos, han dicho basta y han empezado a movilizarse por toda España, también en Lleida con una nutrida manifestación en la plaza Sant Joan, para reclamar unas pensiones dignas y en una palabra para defender sus derechos. Son probablemente el colectivo más importante del país con casi nueve millones de personas, que con la mejora de la esperanza de vida y la pirámide demográfica española, van aumentando paulatinamente y representan ya un sector más importante que el de los votantes de cualquiera de los partidos mayoritarios. Y es comprensible su enojo porque llevan años perdiendo poder adquisitivo con actualizaciones que ya no son las correspondientes al incremento de la inflación, que sería lo razonable y lo que estaba pactado, sino del 0,25 por ciento, cuando el IPC lleva años que está por encima del uno por ciento. En consecuencia, desde el 2013 los jubilados han perdido un 3,5 por ciento del poder adquisitivo y se prevé que la pérdida llegará al 9,5 en 2022 si no hay un cambio radical en la política gubernamental que tiende a rebajar pensiones con el aumento del periodo de cómputo de las cotizaciones y se limita a recomendar el ahorro, como si esto fuera posible con la pensión media en España que está en torno a los novecientos euros mensuales. Después de toda una vida trabajando y aportando las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social, no es justo que los políticos se justifiquen ahora diciendo que el sistema está en peligro porque ha bajado el número de cotizantes y ha aumentado el de perceptores, porque quienes han pagado no tienen ninguna culpa y en cambio son los que pagan los platos rotos. La marea de los pensionistas acabará por alcanzar al Gobierno si no ofrece respuestas rápidas y razonables.

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