Catalunya en su laberinto

Cuatro meses después de la declaración de independencia, simbólica a tenor de las declaraciones posteriores, y la inmediata aplicación del 155, tan real y contundente que ha conllevado la intervención de la Generalitat, Catalunya sigue en un laberinto después de que las elecciones del 21 de diciembre confirmaran una mayoría parlamentaria, aunque no ciudadana, del bloque independentista y que el Parlament no haya conseguido proceder a la investidura. En la sesión de ayer se aprobó una resolución en la que la mayoría constata su apoyo “al president Puigdemont” y denuncia su “destitución ilegal e ilegítima”, reivindica el referéndum del 1 de octubre, denuncia la deriva autoritaria del Estado español y la existencia de exiliados y presos políticos y rechaza la aplicación del 155 exigiendo su levantamiento inmediato. Pese a ser una declaración simbólica se ha obviado apoyar explícitamente la Declaración Unilateral de Independencia como reclamaba la CUP y en la resolución se limitan a hablar de acción republicana para evitar la actuación de la Fiscalía contra el presidente del Parlament, que ya estaba anunciada. A la vista de que el candidato propuesto por la mayoría no puede ser investido, según la interpretación de las leyes que hace el Estado, y que no hay otras mayorías posibles, no se atisbaba otra opción si no se quiere prolongar indefinidamente la aplicación del artículo 155 y la intervención de la Generalitat, algo que por lo visto a Madrid no le preocupa excesivamente, que proponer a otro candidato. Y es lo que hizo Puigdemont una vez recibido el respaldo institucional del Parlament, anunciando junto a una denuncia contra el Estado y la creación de un Consejo de la República, su “renuncia provisional” y la propuesta del número dos de su candidatura, Jordi Sànchez, como candidato a la investidura. Pero la salida del laberinto sigue complicada porque el nuevo aspirante lleva más de cuatro meses encarcelado en la prisión de Soto del Real imputado por rebelión y el Tribunal Supremo ya se ha mostrado en contra de permitirle su salida de prisión para acudir al Parlament, requisito también necesario según los jueces para poder ser investido. De no haber cambios de criterio, tampoco podría ser investido y seguiríamos en el mismo limbo jurídico y político porque las siguientes opciones serían proponer a otros candidatos también imputados y que pueden ser inhabilitados. Y el 155 seguiría.