Sin permiso para Sànchez

Como era previsible a tenor de declaraciones anteriores, el juez Llarena ha denegado la petición de libertad del candidato a la investidura Jordi Sànchez para que pueda asistir a la sesión parlamentaria del lunes por entender que hay un “extraordinario” riesgo de reiteración delictiva. El juez admite que el artículo 23.1 de la Constitución reconoce el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por delegación y que cualquier ciudadano tiene derecho a optar a una investidura democrática, pero añade que estos derechos pueden limitarse para que no pongan en riesgo “facultades de mayor relevancia y más necesitadas de protección”, como en su opinión es el caso. El juez comparte la postura de la fiscalía de que los indicios contra Sànchez se han ido incrementando a medida que aumenta la instrucción y descarta que se pueda aplicar el precedente de Juan Carlos Yoldi que sí obtuvo permiso judicial para asistir a la investidura del lendakari Ardanza, porque en aquel caso solo había riesgo de fuga y no de reiteración delictiva como sucedería con Sànchez que en su opinión “ha empleado su liderazgo para desbordar y sobrepasar la fuerza que un estado democrático puede aplicar para la observancia de la ley”. Habrá recursos al Tribunal del Derechos Humanos por esta resolución en la que se mezclan criterios jurídicos y políticos, pero parece evidente que Jordi Sànchez no podrá asistir al pleno del lunes, ni en consecuencia presentar su discurso de investidura. Al margen de que la CUP insistió ayer en mantener distancias con el candidato, seguiremos en el impasse y a última hora de ayer se suspendió el pleno de investidura, volvemos al punto de partida y cabe suponer que el presidente del Parlament tendrá que reanudar su ronda de consultas para proponer otro candidato después de las propuestas fallidas de Puigdemont, con su renuncia temporal, y ahora de Sànchez. Desde JxCat se quiere visualizar la cerrazón del Estado, pero mientras seguimos con la Generalitat intervenida, con el 155 en plena vigencia y sin que Madrid tenga la menor prisa en derogarlo, y con diferencias crecientes en el bloque, como mostró en su momento el llamamiento de Tardà a los comunes o el artículo de Junqueras y Rovira pidiendo que se tejieran más complicidades. Y mientras se eternizan las negociaciones va cogiendo forma la amenaza de que se repitan las elecciones. Aunque den resultados parecidos.