Sin permiso para Sànchez

Hoy tampoco habrá sesión de investidura porque el candidato a la presidencia, Jordi Sànchez, continúa en prisión preventiva, no ha obtenido el permiso del juez Llarena para comparecer ante el pleno y exponer su programa y en consecuencia el presidente del Parlament se ha visto obligado a aplazarlo. El juez del Supremo ha vuelto a denegar el permiso a Sànchez, que sí obtuvo en su día un candidato de Herri Batasuna condenado por pertenencia a ETA para defender su candidatura en el pleno del Parlamento vasco, porque “existe riesgo de reiteración delictiva” y insiste que Sànchez tiene una limitación de sus derechos políticos, aunque sea solo parcial “ya que no se le ha privado del derecho a concurrir en un proceso electoral, ni del derecho a voto en su actuación parlamentaria”. Y justifica estas restricciones y su asistencia al pleno por “las graves consecuencias que tendría su reincidencia respecto de los principios y derechos constitucionales y políticos de todos los ciudadanos españoles y de aquellos que constituyen el propio cuerpo electoral en Catalunya, así como la marcada probabilidad de que esta reiteración sobrevenga en la eventualidad de que se le llegaran a atribuir las funciones ejecutivas para las que se postula”. O sea que, según el juez, Sànchez puede votar, pero no ser votado, se limitan sus derechos porque reincidiría y vulneraría derechos de los españoles y no se le da permiso porque podría ser elegido presidente de la Generalitat. Había un elemento nuevo en el recurso de Sànchez que era la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU que instaba a España a que se respetaran los derechos políticos del candidato, pero Llarena despacha el argumento diciendo que no ha habido ninguna indicación concreta y que los criterios de admisión de este comité “se limitan a que el denunciante o su representante presenten por escrito la denuncia de los hechos, sin que la misma resulte contraria a los principios del Pacto o de las Naciones Unidas”. O sea que no se mueve un ápice de la anterior resolución que también denegaba el permiso a Sànchez y se abre ahora otra batalla judicial con el anuncio de una querella del Parlament contra el juez Llarena por presunta prevaricación y el consiguiente traslado de las diferencias jurídicas a los tribunales europeos. Se ha perdido una oportunidad de normalizar la vida política catalana y seguimos en el limbo.