EDITORIAL
Carreteras que nadie quiere
La complicada meteorología del invierno y la primavera se ha traducido en un notable deterioro de las carreteras que han padecido desprendimientos, grietas y todo tipo de incidencias, perjudicando especialmente a las del Prepirineo donde han quedado todas malparadas, pero sobre todo las que tienen menos presupuesto para su mantenimiento, que son las locales. La situación ha llegado a tal punto que los consells comarcales de los dos Pallars y l’Alta Ribagorça que las gestionan por delegación de los municipios que son los titulares de estas carreteras locales y caminos de acceso a casas y pueblos han planteado que se traspase su titularidad porque no tienen recursos ni medios para su mantenimiento. Estamos hablando de nada menos que 873 kilómetros, de los que 475 están en el Jussà, unos 300 en el Sobirà y 98 en l’Alta Ribagorça, para los que los consells no disponen de suficiente dotación económica, sin que lleguen a cubrir sus necesidades la colaboración de la Diputación, los planes de caminos de la Generalitat o incluso algunas ayudas comunitarias que se han destinado a este fin a través de los planes de desarrollo rural. El problema es que la Generalitat no quiere saber nada de un posible traspaso y desde Territorio se argumenta que no les corresponde porque forman parte de la red de carreteras locales y tampoco la Diputación puede asumir esta competencia porque no hay más recursos disponibles para carreteras, teniendo en cuenta que ya destina tres millones y medio para las carreteras de la corporación provincial y otros tres millones en ayudas a los entes locales para mantenimiento de caminos y accesos. No es suficiente, pero tampoco hay más dinero en la Diputación y evidentemente tampoco el Estado central asumirá esta titularidad. Lo que se pone de manifiesto con esta situación es que los entes locales tienen un serio problema de financiación, que no disponen de suficientes recursos, lo que se traduce en un déficit permanente y que en muchas ocasiones tienen que asumir y cubrir servicios que deberían prestar otras administraciones. Correspondería al Estado y a la Generalitat si estuviera operativa cubrir estos déficits y aportar los recursos que los ayuntamientos y consells necesitan para garantizar el servicio a sus vecinos y el mantenimiento de estos caminos y carreteras es básico. Pero mientras no llegue este dinero, será inevitable que esta red local vaya deteriorándose un poco más.