El mantenimiento de las iglesias

La iglesia de Nostra Senyora de la Purificació de Algerri se ha convertido en la cuarta de Lleida en solo dos años que se ha visto obligada a cerrar sus puertas temporalmente a causa de su mal estado. Este templo barroco, cuya fachada es una de las más grandes de toda Catalunya de este estilo arquitectónico, sufre desprendimientos, tiene grietas muy importantes y su estado de conservación es muy malo, según un informe del departamento de Cultura. Las deficiencias estructurales de numerosas iglesias, entre ellas algunas declaradas monumentos de interés nacional, saltaron a la palestra a principios de 2016, cuando se derrumbó el campanario de la de Rosselló. Entonces, el inventario del patrimonio arquitectónico de la Generalitat reflejaba que en las comarcas de Lleida había nada menos que 130 edificios religiosos en mal estado, una treintena de los cuales se encontraban en ruinas. Una de las causas de esta situación es que el mantenimiento de inmuebles que tienen cientos de años de antigüedad requiere de una importante dotación de fondos y su titular, que es la Iglesia, afirma no disponer de ella, a pesar del trato ventajoso que recibe por parte de la administración, como por ejemplo con la exención del IBI. Así que la restauración de este patrimonio está sujeta a la disponibilidad presupuestaria de administraciones públicas como la Generalitat, las diputaciones o, en menor medida, los ayuntamientos. Y como en otros tantos ámbitos, esta partida se ha visto afectada por las restricciones a raíz de la crisis, con lo que las actuaciones de restauración han sido mínimas.

La proliferación de incidencias registradas en los últimos años hace que sea aconsejable hacer una radiografía del estado del patrimonio religioso de interés histórico y artístico, y, a partir de aquí, dar prioridad a las obras que sean más urgentes. Pero la Iglesia también ha de tener claro que si es incapaz de asumir la tarea de mantenimiento de sus templos –que le corresponde como propietaria de los mismos– y esta tiene que ser asumida con fondos públicos, está obligada a facilitar otros usos que no sean los estrictamente religiosos. Ponerlos a disposición de los municipios como elemento de interés para visitas turísticas o para acoger actos culturales o sociales sirven como ejemplos.