EDITORIAL
Todo según lo previsto
Como estaba anunciado, el juez Llarena ha confirmado el procesamiento de Puigdemont y otros 24 encausados, mientras el consejo de ministros recurrió la ley de presidencia aprobada por el Parlament para facilitar la investidura a distancia de Puigdemont y a las pocas horas el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso, suspendió automáticamente la ley y además advirtió al presidente del Parlament y la mesa de sus responsabilidades penales si persiste en convocar la sesión de investidura de Puigdemont. Volvemos al punto de partida con el agravante de que solo quedan doce días para que se agote el plazo que nos llevaría a nuevas elecciones y el plan inicial, la investidura de Puigdemont, se antoja de momento imposible en el marco existente, salvo una apuesta por la ruptura total que a estas alturas es una opción muy minoritaria en el bloque soberanista. Todo apunta a que habrá que activar un plan D y proponer un candidato viable, que pueda participar en el debate de investidura y no esté incurso en procedimientos penales y que además sea diputado y pueda conseguir los apoyos de todo el bloque soberanista. Hemos llegado a un extremo en el que todo depende de la decisión de Puigdemont para proponer a un sucesor porque ERC ha insistido en que apoyará al candidato que proponga el PDeCAT reclamando un candidato viable que evite las elecciones y recupere la Generalitat y hasta la CUP ha comprometido su abstención tras recordar que su candidato es Puigdemont. Y el problema es que el 130 presidente de la Generalitat quiere que su sucesor ejerza por delegación, que asuma el cargo de forma interina, dependiendo de Berlín más que del Parlament y aceptando que en un plazo determinado tendrá que volver a convocar elecciones para “restaurar” la supuesta legitimidad truncada tanto por la declaración de independencia como por la aplicación del artículo 155. Es un lastre que no todos los aspirantes están dispuestos a aceptar y que ya ha provocado alguna renuncia entre quienes figuraban como candidatos y que también acabará por desprestigiar la misma institución, pero es la única salida posible en estos momentos para evitar una repetición electoral que no interesa a nadie. Mientras llega la designación del candidato, solo cabe preguntarse si eran necesarios estos cinco meses sin Generalitat y con el 155 cuando lo previsible era que el TC no aceptaría la candidatura de Puigdemont.