Condenados y sin credibilidad

La sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel lo deja muy claro y explica que el grupo de empresas de Francisco Correa y el PP crearon “un sistema de corrupción institucional” del que se benefició el partido, condenado como partícipe a título lucrativo, y también considera que el testimonio del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y otros dirigentes del PP como Javier Arenas o Pío García-Escudero no tienen la suficiente credibilidad y verosimilitud para rebatir las pruebas contundentes de la acusación sobre la existencia de una caja B en el partido. Estamos ante el caso más grave de corrupción política y la condena más contundente a un partido por financiación irregular con 29 condenados de los 37 acusados, con penas de 51 años para Correa y de 33 años para el ex-tesorero del PP Luis Bárcenas y una retahíla de delitos que incluyen la asociación ilícita, fraude, falsedad, cohecho, malversación, prevaricación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, apropiación indebida o estafa procesal como los más destacados. Los jueces consideran probado que Correa y el PP urdieron “una trama de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local” en el que los acusados influían en la toma de decisiones de la contratación pública que controlaban o dirigían favoreciendo a las empresas de Correa u otras terceras, que inflaban precios y obtenían beneficios a costa del erario público, repartiéndose después las comisiones en efectivo o en forma de regalos. También considera probada la sentencia que algunas de estas cantidades se destinaban a la caja B del PP, una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente desde 1989 con gastos para el partido y sobresueldos de algunos dirigentes. Si lamentables son los hechos recogidos en la sentencia, aún lo es más la reacción del PP asegurando Rajoy que es una cosa del pasado y que el PP es mucho más que diez o quince casos aislados, y explicando el partido que es una sanción civil y no penal y que nadie de la dirección actual, ni las anteriores, participó en ninguna acción irregular. No hay peor ciego que el que no quiere ver ni reconocer un caso de corrupción tan flagrante que desgraciadamente es uno más en la larga lista de casos que salpican al PP. Si lo considera normal es que la situación ya está tan podrida que exige de inmediato un cambio de gobernantes.