Incoherente, cara e ineficiente

Así de contundente se ha mostrado el Tribunal de Cuentas de la Unión Europeo al calificar la red de alta velocidad construida en Europa con un diseño que en su opinión corresponde más a criterios políticos que a las necesidades de los ciudadanos y que además se ha hecho con sobrecostes, no ha aportado racionalidad en las conexiones con otros transportes como el aéreo y además tampoco ha solucionado las comunicaciones internacionales. El informe es demoledor porque deja en cuestión las decisiones de comisarios y ministros y porque la UE se ha gastado nada menos que 23.700 millones de euros en el periodo de 2000 a 2017 y el resultado es que no se ha conseguido conectar Portugal con España, la línea de Barcelona a Perpignan circula sólo al 36 por ciento de la velocidad anunciada y Francia no tiene especial interés en completar la conexión con París, la línea Munich-Verona no estará acabada hasta 2040, medio siglo después de que se aprobara y la comunicación entre Bruselas y Luxemburgo es más lenta ahora que en la década de los 80. La alta velocidad se ha desplegado despacio, porque solo hay 9.067 kilómetros más otros 1.671 en construcción de los 30.000 que era el objetivo para 2030, y además se ha hecho mal. España se ha llevado casi la mitad de los fondos, el 47 por ciento, para construir líneas que no cubren el mínimo de viajeros como la de Madrid a Galicia o a Albacete, trazados que se decidieron por criterios políticos y no por necesidades reales y así el Tribunal de Cuentas destaca que España ha recibido una inversión por habitante de 1.159 euros, el doble que Francia con 603, pese a que su ratio de pasajeros es 4 veces inferior al país galo. Y como es habitual en la obra pública, también ha habido unos sobrecostes considerables con las líneas españolas encabezando el ranking porque la línea Madrid-Barcelona-frontera francesa fue la que tuvo más desviación porque costó un 38 por ciento más de lo que se había presupuestado y la de Madrid a León ocupa el segundo lugar con un sobrecoste del 33 por ciento. Un informe demoledor que debería tener consecuencias políticas por decisiones equivocadas y por la ejecución ineficiente, pero que probablemente quedará como la constatación de lo cara que nos ha salido la alta velocidad, con despilfarros y líneas absurdas, mientras, en España sobre todo, las líneas convencionales se quedaban sin presupuesto y van agonizando por falta de inversión.