Justicia histórica

Las indemnizaciones concedidas por la Generalitat a 2.878 leridanos que estuvieron presos durante el franquismo no sirven en la gran mayoría de los casos para reparar de forma efectiva el perjuicio sufrido, tanto por el tiempo pasado como porque difícilmente una pequeña cantidad de dinero puede compensar un periodo de estancia en prisión por motivos políticos, con el agravante de que el régimen carcelario de la época era mucho peor que el actual. No obstante, se trata de un acto de justicia y de reconocimiento a los represaliados, en la línea de lo que debe ser una política de Memoria Histórica. Los pactos de la Transición tras la muerte de Franco implicaron el olvido explícito de las responsabilidades, incluso a nivel de penas de muerte, que podían exigirse a dirigentes de la dictadura, parte de los cuales siguieron ostentando cargos políticos en la nueva democracia. Ahora es demasiado tarde para rectificar esta medida, pero no para otras que el Gobierno del PP había paralizado, como la excavación de fosas comunes donde están enterrados soldados muertos o fusilados durante la Guerra Civil, mayoritariamente republicanos, porque el franquismo sí se ocupó de los combatientes de su bando. Y también va en la línea correcta la decisión anunciada por el Gobierno central de trasladar los restos de Franco para que el Valle de los Caídos empiece a perder su carácter de mausoleo de la dictadura, para lo que serán necesarias más actuaciones. Grandes obras, grandes desviaciones En este país, las grandes obras suelen ir acompañadas de grandes desviaciones presupuestarias. Un ejemplo es el AVE, varios de cuyos tramos han registrado sobrecostes escandalosos. Y en el canal Segarra-Garrigues, la desviación al alza del presupuesto a cargo de la Generalitat ronda los 250 millones. Para dar una idea de lo que supone esta cantidad, solo hay que recordar las críticas al aeropuerto de Alguaire por su coste en relación con su actividad. Pues bien, con estos 250 millones hubieran podido construirse dos aeropuertos y medio. Por mucho que sea habitual, es un fenómeno injustificable que las administraciones deben erradicar.