La huelga del taxi

Como sucede cada verano, las vacaciones coinciden con el estallido de huelgas en las que los ciudadanos acabamos pagando las consecuencias del enfrentamiento entre un colectivo y las diferentes administraciones o empresas. Es evidente que todas las huelgas, para que sean efectivas, han de provocar molestias, y que el derecho a la huelga es una conquista irrenunciable de los trabajadores, pero en servicios públicos y en épocas especialmente sensibles habría que buscar fórmulas para que los perjudicados no fueran siempre los ciudadanos. Es el caso de la huelga del taxi, que dejó ayer sin este servicio público a los vecinos de Barcelona porque no se fijaron servicios mínimos, ni se buscaron fórmulas alternativas para trasladar a quienes llegaban o tenían que moverse por Barcelona sin conocer las rutas del transporte público. El conflicto se genera por las diferencias entre los taxistas que han tenido que pagar una licencia y las nuevas empresas que operan con aplicaciones como VTC, vehículos de transporte con conductor, Uber o Cabify, que en Barcelona se habían duplicado en los últimos tres años por el vacío legal existente. Se llegó a un acuerdo plasmado en un reglamento del Área Metropolitana de Barcelona con una doble licencia para las VTC, de forma que hubiera uno de estos vehículos por cada 30 taxis, algo que obligaba a reducir las plantillas existentes de Uber y Cabify, pero el problema se ha planteado porque el ministerio de Fomento del PP junto a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia paralizó el reglamento por considerar que invadía competencias estatales y autonómicas y la libre competencia, y el Tribunal Superior de Justicia paralizó la aplicación del reglamento. Fomento anunciaba ayer la retirada de las medidas cautelares contra el reglamento citado y hoy tenía previsto pronunciarse el Tribunal Superior de Justicia, con lo cual se solucionaría provisionalmente el conflicto con una regulación que, en principio, es aceptada y preserva los derechos de los taxistas. Dicho esto, lo que no tiene ninguna justificación son los brotes de violencia de algunos taxistas que agredieron a vehículos de sus competidores y amedrentaron a los usuarios, porque con violencia no se consigue nada, se ensucia la imagen turística de Barcelona y además se pierden las razones acumuladas. El taxi y las VTC tienen que convivir, y la regulación debe negociarse, no imponerse, ni frenarse por cuestiones formales.