Cumplir lo pactado

El conflicto del taxi se ha extendido a toda España con paros y movilizaciones en todas las grandes capitales e incluso en ciudades como Lleida, donde no operan los vehículos de transporte con conductor (VTC), los taxistas se han unido a la protesta con un paro de dos horas y una marcha lenta desde Fleming hasta la subdelegación del Gobierno. El origen del problema es la competencia que plantean estas nuevas empresas de VTC, básicamente Uber y Cabify, que operan con aplicaciones de móvil y cuya presencia se ha multiplicado en las grandes ciudades de todo el mundo aprovechando legislaciones liberalizadoras o simplemente el vacío regulatorio. El Gobierno se ha comprometido a aprobar en el consejo de ministros del viernes una declaración de intenciones que se concretará en septiembre con un marco regulatorio y el traspaso a las autonomías de las competencias reguladoras del transporte público y pese a que los representantes del gremio lo consideran un avance no acaban de fiarse y han decidido prolongar un día la huelga, aunque como muestra de buena voluntad han decidido implantar unos servicios mínimos gratuitos para atender a los ciudadanos que tienen que acudir a centros de salud. Es un gesto de buena voluntad y también obligado cuando se trata de un servicio público, de una concesión administrativa para que presten un servicio necesario para la sociedad. Pero el problema de fondo sigue siendo el cumplimiento de lo que se había pactado: que haya una licencia de VTC por cada 30 licencias de taxi, algo que en ciudades como Madrid o Barcelona se había desbordado hasta el extremo de que operan un VTC por cada 10 taxis. Es evidente que como sucede en todo el mundo estas empresas han llegado para quedarse, pero no puede ser a costa de arruinar a unos autónomos que han tenido que endeudarse para comprar una licencia que con la irrupción de las VTC se han devaluado y tienen que sufrir una competencia desleal. El taxi tiene que modernizarse, adaptarse a los nuevos tiempos, hacer compatibles sus radioemisoras a las aplicaciones de móvil y ofrecer un servicio que pueda competir con las VTC, pero también es imprescindible para garantizar el servicio público que presta y tiene derecho a defender su supervivencia. Pero sin violencias, ni enfrentamientos, ni haciendo que sea el ciudadano quien acabe pagando los platos rotos y el incumplimiento de lo pactado.