Un máster de interés público

La jueza del caso Máster ve una serie de contradicciones en las declaraciones públicas realizadas por el presidente del PP, Pablo Casado, sobre el máster realizado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y por eso cree que el Tribunal Supremo debe tomarle declaración como investigado y practicar una serie de diligencias. Para empezar, a la instructora le resulta “sorprendente” que Casado no acudiera nunca a clase pero, sin embargo, que lo hiciera para entregar los trabajos de las 4 únicas asignaturas que debía presentarse para aprobar el máster. Al entregar los trabajos de manera presencial no hay rastro de correos electrónicos. Sin embargo, Casado, públicamente, exhibió sus trabajos para demostrar a la opinión pública que su caso no era como el de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y él hizo lo que le pidieron. La jueza pone en duda su versión y por eso cree que es fácil demostrar si dice la verdad. Sugiere al Tribunal Supremo que ordene a la policía judicial chequear el ordenador de Casado para analizar el año de elaboración del trabajo. Al ser aforado, la instructora no ha podido tomarle declaración. Sin embargo, ha investigado sus intervenciones públicas sobre el asunto. Así, recuerda que Casado señaló en su comparecencia ante los medios de comunicación que fue evaluado únicamente conforme a unos trabajos, por tanto, sin examen o prácticas de ningún tipo. “En relación con estos trabajos, según informa la URJC, no consta rastro documental ni de los trabajos en si, ni de su remisión a la universidad por correo postal, electrónico o de otro tipo”. Tampoco han podido aportar nada los profesores que le evaluaron. Evidentemente corresponde a la Justicia aclarar este turbio asunto, al igual que el del caso abierto por la Fiscalía de Lleida por otro máster sospechoso, pero lo que sí está claro es que no es un asunto privado ni baladí como aseguró ayer el recién escogido presidente del PP. Lograr un título universitario de forma fraudulenta es impropio de cualquier ciudadano y ,por supuesto, ilegal, pero en el caso de un político de primerísimo nivel como Pablo Casado le inhabilitaría para cualquier cargo público o representación ciudadana si se confirmara la irregularidad, porque ni ética ni legalmente alguien que miente o falsifica no puede ni debe administrar el bien común. Mal comienza el PP, inmerso en centenares de causas por corrupción, su supuesta renovación.