Un juicio de gran trascendencia

A la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre las numerosas pruebas solicitadas por las defensas y dicte la apertura de juicio oral, la Fiscalía ultima su escrito de calificación para los independentistas presos, en el que, según fuentes jurídicas, se inclina por mantener la acusación de rebelión para todos los procesados por este delito, pero no necesariamente en el margen más alto previsto en el Código Penal, que llega hasta los 25 años de cárcel para los cabecillas, sino más bien en el contrario, que sitúa las penas en un mínimo de 15 años de prisión. El Código Penal castiga a los que hayan promovido o sostengan la rebelión y sean sus jefes principales a penas de 15 a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo; a los que ejerzan un mando subalterno, con de 10 a 15 años de cárcel e inhabilitación absoluta durante esos años, y a los meros participantes, con prisión de 5 a 10 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público desde 6. En su escrito, la Fiscalía tiene que diferenciar entre las distintas responsabilidades en las que pudo incurrir cada uno de los 18 procesados a disposición de la justicia española, que serán los que serán juzgados a partir del próximo mes de enero por el Tribunal Supremo. El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los demás que viven en el extranjero (la secretaria general de ERC, Marta Rovira; los cuatro ‘exconsellers’ que le acompañaron a Bruselas y Escocia y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel) se encuentran en una pieza separada, paralizada a la espera de que regresen a España y puedan ser juzgados por los delitos por los que fueron procesados; en el caso del ‘expresident’ y sus ‘exconsellers’ Toni Comín y Clara Ponsatí, los más graves: rebelión y malversación. Dado que estamos hablando de una filtración corresponde toda la cautela posible, pero será muy difícil mantener los delitos de sedición y rebelión sin que haya habido violencia y más cuando todas las instancias internacionales que se han pronunciado hasta el momento no han apreciado tales delitos. Y si se trata de abrir un tiempo nuevo de distensión, diálogo y puentes de entendimiento en ningún caso se puede avanzar con políticos y líderes sociales elegidos democráticamente por el pueblo en la cárcel por imputaciones cuestionadas por el sentido común y juristas de diferentes ámbitos, españoles e internacionales.