Una revisión insólita

Sin tiempo a que los titulares de hipoteca pudieran celebrar la sentencia del Supremo que traspasaba a los bancos el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados, el presidente de la sala de lo contencioso del mismo Supremo anunció ayer que se frenaban todos los recursos sobre el tema y se convocaba el plenario de la sala, formado por 31 miembros para decidir si “el giro jurisprudencial de la sentencia del jueves debe ser o no confirmado”. Es una decisión insólita que el presidente de la sala, Luís Díez-Picazo, justifica por la enorme repercusión económica y social de la sentencia, que supone un giro radical en el criterio que mantenía hasta ahora el Supremo. Lo primero que llama la atención es que ahora se frene la jurisprudencia que se pretendía definitiva en la sentencia de la sala y se convoque el plenario y no se hubiera hecho lo mismo después de otra sentencia de la sala de lo civil del pasado mes de febrero, que estipulaba que fuera el cliente quien pagara el impuesto. Es decir, que si pagan los titulares de hipoteca no hay “repercusión económica y social”, mientras que si quien tiene que pagar es la banca, es tan grave que debe reunirse el plenario de urgencia. No queda en buen lugar el Supremo, ni la seguridad jurídica de este país, porque se añade aún más confusión a la ya generada sobre el tema, de forma que, a día de hoy, no está claro quien tiene que pagar este impuesto y todo será recurrible. Se añade este frente judicial a los ya existentes por las cláusulas suelo o por ejecuciones hipotecarias por impago con plazos cortos considerados abusivos, pero en la bolsa, la banca volvió a subir. Nueva etapa La Diputación, que tradicionalmente había sido una institución tranquila, ha vivido unos días convulsos que se han cerrado provisionalmente con la dimisión de Joan Reñé y la elección de la alcaldesa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, que se convierte en la primera mujer que preside la corporación. Al margen de las investigaciones judiciales, que deberían cerrarse cuanto antes, lo importante es que la Diputación recupere su normalidad como institución al servicio de los ayuntamientos.