Cuenta atrás para el juicio

Cuando se cumple un año de la declaración unilateral de independencia, aprobada por el Parlament el 27 de octubre de 2017, que desencadenó la aplicación del artículo 155 y el procesamiento de los dirigentes catalanes, la sala de lo penal del Tribunal Supremo ha confirmado la instrucción del sumario del juez Llarena con el procesamiento de 18 dirigentes, la apertura del juicio oral y el rechazo de las peticiones de las defensas que reclamaban desde la anulación de la instrucción hasta la práctica de nuevas diligencias. Tampoco ha querido entrar la sala en la petición de la defensa para llegar al fondo de la cuestión sobre el posible delito de rebelión, entendiendo que “con la apertura del juicio oral, no se prejuzga ni la calificación jurídica de los hechos procesales, ni la responsabilidad de los presuntos culpables de los mismos, sino la necesidad de esclarecerlos”. Y estos hechos se refieren a la aprobación de leyes en el Parlament en contra de la Constitución, convocar y celebrar un referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional y declarar unilateralmente la independencia de Catalunya fuera de las vías legales. Estos hechos en el sumario del juez Llarena se han traducido en acusaciones de rebelión y malversación para Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn y Dolors Bassa, de rebelión para Carme Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, de malversación y desobediencia para Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila y de desobediencia para Lluís Corominas, Anna Simó, Lluís Guinó, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet y Mireia Boya. Pero la clave estará en cómo califican los hechos la fiscalía y la abogacía del Estado después del goteo de declaraciones del Gobierno cuestionando la posible rebelión porque no hubo violencia o porque como dijo Pedro Sánchez este delito se circunscribe a militares o a civiles armados, algo que evidentemente no se dio en el caso catalán. En cinco días conoceremos estas posturas y luego corresponderá a las defensas presentar sus alegaciones, pero la cuenta atrás para que los 18 dirigentes se sienten en el banquillo ya ha empezado y sería bueno para la convivencia primero que se rebajaran las calificaciones y también las peticiones, que se elevan a 30 años para la rebelión, y que los procesados que aún siguen en prisión salieran en libertad porque la prisión preventiva que padecen es un abuso y una condena por adelantado.