Malas noticias para la distensión

Un total de 25 años de cárcel es la pena a la que se va a enfrentar el exvicepresidente de la Generalitat y presidente de ERC, Oriol Junqueras, por el proceso independentista que se culminó el 27 de octubre de 2017 con una declaración unilateral de independencia. Esta es la petición de la Fiscalía según el escrito de acusación presentado ayer ante el Tribunal Supremo. Junto a Junqueras, el Ministerio Público también acusa a varios exconsellers, como Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva o Dolors Bassa, así como al expresidente de la ANC Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart. Para los primeros, solicita una pena de 16 años de cárcel por rebelión, y para los dos activistas se eleva a los 17 de años de cárcel. La misma acusación, 17 años, recae para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Todos ellos están en prisión preventiva y sin ninguna esperanza de salir antes del juicio, que todavía no tiene fecha. Además, se reclaman penas de siete años, inhabilitaciones y multas en diferente grado y cuantía para otras nueve personas, entre ellas las leridanas Ramona Barrufet y Mireia Boya, y Fiscalía demanda también 11 años de cárcel para Josep Lluís Trapero y otros mandos de los Mossos. La Abogacía del Estado en sus conclusiones pide penas menores al ver solo sedición y malversación de caudales públicos. Sin ninguna duda, las peticiones de Fiscalía, filtradas ya parcialmente en los últimos días, no son buenas noticias para nadie y rompen cualquier posibilidad de distensión entre el Gobierno español y el catalán para intentar tender puentes de diálogo que pudieran desencallar la tensión actual. Es por supuesto una mala noticia para los afectados y sus familias, que se enfrentan a penas muy largas y duras, lo es para la Generalitat que no puede diferenciar su acción de gobierno cotidiana del hecho de tener a su anterior ejecutivo, democráticamente escogido, en la cárcel o en el exilio y evidentemente es una mala noticia para el Estado español, cuya credibilidad judicial y política queda una vez más en entredicho. Las penas solicitadas, como media Europa ya ha sentenciado, son desproporcionadas en relación a los hechos que se van a juzgar. Sin violencia no puede haber rebelión como el mismo Código Penal señala. 214 años de cárcel para los independentistas parece más venganza que justicia.