David, Goliat y el Tribunal Supremo

El 15 de diciembre de 1995 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cambió para siempre las reglas del fútbol. La demanda de un modesto jugador belga hizo posible que los jugadores comunitarios dejaran de ocupar plaza de extranjeros en los clubes europeos. Desde el llamado ‘caso Bosnan’ que una sentencia no despertaba tanto revuelo por las repercusiones que tendría. Sucedió el 16 de octubre, cuando el Tribunal Supremo dictó una sentencia que estipulaba que correspondía a los bancos pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados derivado de la constitución de los préstamos hipotecarios y no a los clientes. La sentencia se conoció el día 18 y tan solo veinticuatro horas después, el presidente de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, la dejó en papel mojado. En un acto insólito, emitió un comunicado en el que argumentó que, “por su enorme repercusión económica y social”, el fallo sería revisado hoy por el Pleno de la Sala, formado por 31 magistrados. Para evaluar la trascendencia de la decisión que se tome no hay más que tener en cuenta que hay unos ocho millones de hipotecas en vigor, lo que supone que los bancos tendrían que asumir un importe que superaría los cuatro mil millones de euros, según la agencia Moodys. Ninguno de los grandes bancos ha hecho provisión de fondos para hacer frente a este hipotético gasto y todas las entidades se muestran confiadas en que si el Supremo ratifica hoy la sentencia, esta no tendrá carácter retroactivo. O, lo que es lo mismo, la banca siempre gana, porque entre líneas ya han dejado claro que si el cliente no paga el impuesto, se encarecerán las hipotecas. Así las cosas, centenares de leridanos están pendientes de la sentencia para reclamar una cifra que oscila entre los 25 millones y los más de 200 (en caso de la medida tuviera carácter retroactivo). Todo parece indicar que, como vaticinó hace unas semanas el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Jesús Maria Barrientos, habrá un “aluvión” de demandas por el impuesto hipotecario que volverá a colapsar los juzgados especializados en resolver los pleitos por las cláusulas suelo. En Lleida, este juzgado es el de Primera Instancia número 6, que cuenta con un juez de refuerzo, y que hasta el mes de octubre ha recibido más de 1.500 demandas por productos financieros abusivos.