El Supremo, hipotecado

Al final se ha consumado la cacicada, y diecinueve días después de la histórica sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados a la banca y no al cliente, el mismo Supremo rectifica y dice que quien tiene que seguir pagando es el cliente. No ha habido ninguna novedad legislativa, ni circunstancias que justificaran el cambio de criterio, únicamente una decisión inédita e insólita del presidente de la sala tercera, Luis Díez Picazo, que ante la “repercusión económica y social” de la sentencia de los jueces de la sección tercera, decidía convocar el pleno para revisarla. Y la han revisado y rectificado con una decisión ajustada, 15 votos frente a 13, que no beneficia a nadie y perjudica a todos. Los primeros perjudicados, evidentemente, somos los clientes que contratamos una hipoteca que seguiremos pagando el impuesto en cuestión, pese a que los jueces del Supremo habían dicho que era el banco quien debía pagar por ser el interesado en dejar constancia de la transacción. Tampoco pueden quedar contentos los bancos aunque ayer subieran en bolsa, porque el perjuicio a su imagen será considerable y, llegados a este punto, su principal interés era evitar la retroactividad, que sí hubiera sido desastrosa para bancos y autonomías que son las que las que reciben el impuesto, y hasta tenían asumido pagar el impuesto a partir de ahora y repercutirlo de una u otra forma al cliente porque lo que sí es cierto es que la banca siempre gana. Se la salva con dinero público cuando entra en crisis o se rectifican las sentencias del Supremo cuando baja en bolsa. Pero quien pierde crédito, imagen y confianza es el Tribunal Supremo y, por extensión, la misma justicia española con esta rectificación total que ni siquiera se molestaron en argumentar ayer ante los ciudadanos en un gesto que revela más altanería que rigor intelectual, porque lo que era blanco, y estaba razonado en la sentencia de hace 19 días, ahora es negro porque así lo interpreta otro grupo de jueces. Fue inaudita la convocatoria del pleno para revisar la sentencia y ha sido aún más aberrante la rectificación hecha, que aún crea más inseguridad jurídica en cuestiones que afectan a grupos tan poderosos como la banca. Aunque el Gobierno intente rectificar el tema vía decreto y con una nueva ley hipotecaria, este episodio confirma que la justicia en España y especialmente órganos como el Supremo necesitan una profunda renovación.