Independencia judicial

Una semana después del pacto entre el PSOE y el PP para repartir entre jueces afines el nuevo Consejo del Poder Judicial, y el mismo día en que jueces y fiscales de toda España se declaran en huelga para reclamar más medios pero también más independencia, el portavoz del PP en el Senado pone negro sobre blanco en un mensaje dirigido a sus compañeros en la cámara alta lo que muchos sospechamos y denunciamos. El mensaje de Ignacio Cosidó dice que gracias al pacto podrán controlar “por detrás” la sala segunda de lo penal del Supremo, se jacta de haber conseguido la presidencia del Supremo para un juez afín y presidir la sala 61, que es la que juzga asuntos de mucha carga política como la ilegalización de partidos políticos. Además, intenta contrarrestar las críticas que en el seno del PP se han suscitado por promover al juez De Prada, autor de la sentencia del caso Gürtel, al órgano de gobierno de los jueces diciendo que “mejor que esté de vocal, que poniendo sentencias contra el PP”. Aunque después haya querido matizar su mensaje diciendo que el lenguaje no era el apropiado y que solo iba dirigido a sus compañeros en el Senado, lo cierto es que son afirmaciones gravísimas que comprometen tanto a los dos partidos que han alcanzado el pacto, como a los mismos jueces, que se ven alineados políticamente y al mismo sistema judicial porque da a entender una filiación o al menos unas simpatías políticas que de la misma forma que pueden servir para promocionarse, también hipotecan sus posibles decisiones. El mensaje es un grave acto de irresponsabilidad en unos momentos en que el poder judicial está cuestionado tanto por algunas decisiones que han afectado incluso al Supremo, como el tema de las hipotecas, como por las críticas a su politización y exige aclaraciones desde las más altas instancias. Pero más grave aún que el mismo mensaje es que resulte verosímil su contenido, que un alto dirigente de un partido lo transmita a sus compañeros como un éxito y que demuestre lo que parece un claro desprecio a la independencia del poder judicial y a la separación de poderes, que desde Locke y Montesquieu son la esencia de cualquier democracia. Si no se garantiza un poder judicial fuerte e independiente quien resulta debilitada es la misma democracia y la defensa de los derechos de los ciudadanos y si un político no entiende algo tan elemental, es indigno de continuar en su cargo.