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Han hecho falta cuatro días de huelga en la asistencia primaria, que han coincidido con movilizaciones en la enseñanza, en la Universidad y también de los bomberos en Barcelona, para que se llegara a un acuerdo con el Sindicat de Metges para desconvocar la protesta. Las peticiones del colectivo médico eran más que razonables, revertir los recortes y recuperar la capacidad adquisitiva, ampliar las plantillas de facultativos, garantizar un mínimo de 12 minutos por cada visita y fijar un tope de atenciones diarias, y en principio redundan en una mejor atención a los ciudadanos y contaban con el respaldo de una inmensa mayoría de los usuarios de la sanidad pública. Pero la respuesta del gobierno catalán, tan rápido para reaccionar en otras cuestiones, ha sido lenta, porque los ciudadanos hemos padecido cuatro días de huelga cuando las reivindicaciones se hubieran podido atender antes del paro, y confusa porque desde la coalición gobernante han vuelto a repetir el mantra de que la culpa es de Madrid y de la mala financiación, o de que la cuestión no era prioritaria, pero el acuerdo se ha alcanzado sin que haya cambiado un ápice ni la financiación, ni la relación con Madrid. Es evidente, y así lo hemos repetido en muchas ocasiones, que la financiación catalana es insuficiente e injusta, pero esta huelga se podía arreglar antes, porque quien decidió destinar menos presupuesto a la atención primaria catalana no está en el gobierno central, y quien ha decidido que el porcentaje del presupuesto destinado a sanidad sea menor en Catalunya que la media de las autonomías es precisamente el gobierno catalán. Y este gobierno está en su derecho de considerar prioritario el Procés porque así figuraba en el programa electoral que contó con el apoyo de los electores, pero también tiene que gobernar, afrontar el día a día de la gestión y adoptar medidas para solucionar los problemas existentes y mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. Lo más inminente era la huelga de los médicos, desconvocada tras cuatro días, pero siguen pendientes de la protesta los estudiantes, que pagan las tasas más altas mientras los profesores asociados siguen cobrando sueldos de miseria, las quejas de los bomberos o la huelga anunciada para diciembre de los funcionarios públicos, además de la elaboración de unos presupuestos para el año que viene que de momento no cuentan con los apoyos necesarios. Unos retos que obligarán a gobernar.

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