De la invitación a la provocación

El primer encuentro entre los presidentes del Gobierno español, Sánchez, y el de la Generalitat, Torra, se saldó con un paseo por los jardines de la Moncloa, el intercambio de regalos con ratafía y un libro sobre Aran, y el compromiso de volverse a encontrar en Barcelona. Después llegó un ultimátum de Torra en el debate de política general del mes de octubre, seguido de una carta de invitación el 3 de octubre en la que proponía reunirse en Barcelona para abordar el conflicto sin ningún tipo de ultimátum y el anuncio desde Moncloa que se celebraría un Consejo de Ministros en Barcelona antes de fin de año y, posteriormente, aún hubo una carta, el 20 de noviembre, del director de la oficina del president de la Generalitat a su homólogo en la Moncloa, proponiendo una reunión del Gobierno con los consellers después del Consejo de Ministros. Pero después, la evolución del conflicto, el cierre del sumario y la huelga de hambre de cuatro de los políticos presos, junto con la presión de los sectores más radicales del independentismo, ha considerado la reunión del gobierno español en Barcelona como una provocación y, en consecuencia, se han convocado movilizaciones que han oscilado desde una posible “aturada de país” hasta concentraciones de los CDR ante la Llotja, donde se celebrará el consejo, pasando por movilizaciones para cortar autovías o líneas ferroviarias. Desde la Generalitat se avalaron primero estas protestas y después se moderó la reacción asegurando que garantizarían la seguridad de la reunión, abriendo la puerta a que hubiera encuentros entre Sánchez y Torra acompañados o no por algunos ministros y consellers. El problema es que ninguno de los dos tiene una posición firme porque Sánchez tiene que hacer frente a la oposición de las derechas y de sus propios barones que culpan a su tibieza con Catalunya del desastre andaluz, mientras que Torra hace equilibrios entre su apoyo a los CDR y la presión de los más radicales que no distinguen entre Sánchez y Casado o Rivera y la posibilidad de conseguir ventajas para Catalunya que defienden algunos consellers. En el fondo, está la valoración que merece una reunión del Consejo de Ministros en Barcelona, que para Sánchez es una muestra de concordia y para los independentistas un gesto provocador que no se debe permitir, pero parece evidente que en un Estado de derecho el Consejo de Ministros puede y debe reunirse donde considere conveniente.