Ensayo general

La vista del Tribunal Supremo para dirimir las cuestiones previas al juicio contra los dirigentes del ‘procés’ se convirtió en un ensayo general de las estrategias que se plantearán a partir de enero y que se mantendrán hasta que lleguen a instancias internacionales: las defensas cuestionan la competencia del Supremo para juzgar a “políticos que hacían política”, mientras que las acusaciones se centran en que con la declaración de independencia hubo un quebrantamiento de la Constitución y que en consecuencia procede que sea el Supremo quien juzgue a los acusados. Las defensas consideran que los hechos deberían juzgarse en Barcelona, recordando que por el 9-N Artur Mas y sus colaboradores fueron juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que se están retorciendo sus derechos, insistieron en que en ninguno de los hechos se registraron episodios de violencia con lo cual no tendría sentido la acusación de rebelión o sedición, recordaron que los acusados que no están aforados pierden su derecho a una segunda instancia y advirtieron sobre la falta de imparcialidad del tribunal porque es más sensible al poder político y económico. Son argumentos que sin duda se repetirán multiplicados y amplificados en la vista del juicio porque no parece que el Supremo acepte los reparos sobre su competencia para juzgar los hechos teniendo en cuenta que ya se pronunció cuando admitió a trámite la querella de la Fiscalía y defendió que por el tipo de delito del que acusaba tenía que ser el Supremo el que se pronunciara. Todo apunta a que hoy mismo el Supremo despeje estas cuestiones previas para que los defensores puedan presentar sus alegaciones que irán en el mismo sentido con la previsión de que ni unos aceptarán el carácter político del juicio, ni los otros el quebrantamiento constitucional, y que unos cuestionarán la legitimidad del tribunal y otros se refugiarán en el imperio de la ley. Y salvo milagro, volveremos a una fase de más crispación que arrancará este viernes con las protestas por el Consejo de Ministros en Barcelona, continuarán con la celebración del juicio a partir de enero y se intensificarán en caso de sentencia condenatoria, como ya se ha anunciado, de forma que las apelaciones al diálogo, que siguen siendo necesarias, se antojan más estériles que nunca. Pero hay que insistir y reclamar también que se acabe de una vez la injusta prisión preventiva que padecen los juzgados.