Cuotas y segregación escolar

El conseller de Educación, Josep Bargalló, anunció ayer que su departamento actuará a partir del próximo curso contra las escuelas privadas concertadas y también contra las públicas que cobren cuotas ilegales por la escolarización “pura y dura”. De hecho, el propio Bargalló impulsó durante la breve etapa en la que estuvo al frente de esta conselleria durante el Govern de Pasqual Maragall la implantación de la sexta hora lectiva en los centros públicos. El objetivo era equiparar la jornada de centros públicos y concertados, que desde hace lustros imparten 6 horas lectivas, para que estos dejaran de cobrar la cuota por esta hora de más a cambio de que el Govern la acabara incluyendo en la financiación del concierto. Sin embargo, desde entonces nada ha cambiado, la escuela concertada sigue cobrando cuotas por la sexta hora, y esta desapareció mayoritariamente de la pública a raíz de los recortes aplicados durante la crisis. Además de esta cuota, es habitual que los centros concertados giren a los padres facturas por conceptos como aportaciones voluntarias a fundaciones o gastos diversos. En la escuela pública, los efectos de la crisis y la apuesta de algunos centros por determinados proyectos educativos que cuentan con aportaciones económicas de las familias también han aumentado las desigualdades. Precisamente, la diferencia del coste de la escolarización es, junto a la ubicación del colegio y que sea o no confesional, una de las principales razones que explican la segregación escolar existente en Catalunya y en Lleida ciudad en particular, donde un cierto número de colegios acoge a la mayoría de los alumnos de familias migrantes y con menos recursos. Bargalló señaló que este control se hará a través de la normativa marco del próximo curso y con la aplicación de la ley de Transparencia “para que los centros se vean obligados a explicar públicamente qué cuotas cobran y bajo qué conceptos” Así que a priori, la música del anuncio del conseller suena bien, pero el problema será llevarlo a la práctica. Primero porque la concertada podrá seguir justificando que imparte una hora más que no está financiada. Y segundo, porque a menos que Educación refuerce su tarea de inspección, será difícil que los centros no argumenten que las cuotas que cobran a los padres son aportaciones voluntarias y que no están directamente relacionadas con necesidades básicas de la escolarización.