Juicio al “procés”

Empieza hoy el juicio más trascendental de la historia reciente de España en el que doce líderes políticos y civiles del procés catalán se sentarán en el banquillo de los acusados y nueve afrontarán peticiones de cárcel por rebelión por los hechos sucedidos entre septiembre y octubre del 2017, que para unos fue un ataque a la normativa constitucional llegando a proclamar la independencia de Catalunya y para otros, incluido el actual gobierno catalán, fue la traslación jurídica y política de lo votado en las urnas. En el proceso que empieza hoy se dilucidará si se vulneró la legislación vigente y cómo se tipifican penalmente las diferentes actuaciones, pero también si el juicio se celebra con las debidas garantías, con la certeza casi absoluta de que sea cual fuere la sentencia habrá una segunda vista del caso en las instancias europeas. Para los acusados y sus defensas, estamos ante un juicio político y por mucho que el Tribunal Supremo, la Fiscalía o la Abogacía del Estado intenten circunscribirlo al ámbito jurídico, es obvio que hay unas connotaciones políticas que empiezan por la presencia de la ultraderecha en la acusación particular y por los reveses que la justicia española ha sufrido en instancias europeas cuando reclamó la extradición de Puigdemont y siguen por las movilizaciones convocadas e incluso por las diferentes estrategias que puedan tener las defensas. Al margen de las cuestiones formales que se plantearán en los primeros días, todo apunta a que la clave estará en si las acusaciones pueden mantener el delito de rebelión, que implicaría la existencia de violencia en sus actuaciones que parece muy lejos de poder probarse, o si optan, como ya ha hecho la Abogacía del Estado por rebajar sus acusaciones a sedición, también complicada de probar, o figuras menos castigadas como la conspiración para la rebelión cuya mayor condena es de 7,5 años frente a los 25 que puede conllevar el grado máximo de la rebelión. Como desde el bando soberanista ya han anunciado que no aceptarán ninguna sentencia que no sea la absolución y rechazarán cualquier condena, se atisba un periodo convulso con muchas movilizaciones y tensión en la sala del Supremo y también en las instituciones o en la calle. Y cuando se ha afinado tanto el calendario para evitar que el juicio coincidiera con alguna campaña electoral, sorprende ahora que se especule con un posible adelanto de las elecciones al 14 de abril.