EDITORIAL
Juicio histórico y fracaso colectivo
Doce dirigentes del procés soberanista, con el que fue vicepresidente del Gobierno a la cabeza, se sentaron ayer en el banquillo del Tribunal Supremo para afrontar peticiones de hasta 25 años de cárcel en una imagen histórica que sin duda marca un punto de inflexión en las relaciones entre Catalunya y España. Ni en el juicio a Companys y su gobierno, que afrontaban peticiones similares por “els fets d’octubre del 1934”, se vivió una brecha similar, ni una crítica tan profunda al sistema judicial español, ni una denuncia tan contundente por la violación de los derechos de los acusados. Ayer comenzó el juicio con las cuestiones previas planteadas por las defensas de los dirigentes catalanes y hubo práctica coincidencia en denunciar que estamos ante un juicio político, en que se han vulnerado los derechos constitucionales, en considerar que el tribunal no es el apropiado para juzgar los hechos y que además no es imparcial en la causa y en que tampoco se han respetado las formas en la instrucción del sumario. En consecuencia, dan por hecho que habrá recursos a las instancias europeas y que la justicia española volverá a sufrir un revolcón internacional. Desde el otro bando, Fiscalía, Abogacía del Estado y acusación particular, se mantendrá hoy que hubo un quebrantamiento del orden constitucional con la proclamación unilateral de la independencia y una vulneración de la legislación vigente, con el supuesto agravante que tendrán que probar de que hubo violencia y tipifican la actuación de los acusados como rebelión o sedición. Muchos de los que pensamos que la sentencia no está escrita, que la justicia española no es una farsa, pero también que es una barbaridad la prisión preventiva o la calificación de los hechos como rebelión con peticiones de hasta 25 años de cárcel, nos preguntamos cómo hemos podido llegar a este extremo, de que se proclame la independencia sin contar con el Estatut o la Constitución, de que políticos elegidos por el pueblo lleven un año en la cárcel, de que tengan que ser los tribunales los que tercien en una cuestión política y de ver cómo hemos llegado a una situación de bloqueo, sin posibilidad ni capacidad para encontrar soluciones y por lo que se ve hasta sin opciones para el diálogo. Ha empezado un juicio histórico que refleja un fracaso colectivo que se ha traducido en una división profunda que tardará mucho en superarse si no hay generosidad y altura de miras por las dos partes.