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Después de tres semanas del juicio al procés y habiendo escuchado a los acusados y a los testigos con más peso político estamos ante la mejor escenificación de que cada cual interpreta las cosas a su manera, que recuerda lo que quiere y que la valoración de los hechos es tan subjetiva que lo que para unos es una declaración política sin trascendencia para otros es un ataque sin precedentes a la unidad del Estado. Puede entenderse que algunos acusados en su estrategia de defensa minimicen hechos, que hayan olvidado posibles requerimientos del Tribunal Constitucional, quien asumía las facturas o hasta quien contaba los votos del 1-O pese a haberles anunciado públicamente, pero se entiende menos que haya testigos, obligados por promesa o juramento a decir la verdad, que no se acuerden de hechos trascendentales o que traspasen la responsabilidad de decisiones importantes a sus subordinados. Así, Rajoy, fiel a su estilo, lanzó balones fuera, aseguró que no hubo ningún mediador, pese a que al día siguiente el lendakari Urkullu le rectificó, y sobre todo aseguró no estar al corriente, ni haber tomado ninguna medida sobre el dispositivo policial y la represión del 1-O. Tampoco sabía nada su segunda, Sáenz de Santamaría, que insistió en que había rechazado hasta tres veces un posible referéndum en sus reuniones con Junqueras, pero olvidó el llamado plan Molins del que también dio cuenta Urkullu con reformas constitucionales y un voto de autogobierno, no de autodeterminación, a los cinco años. Y para rematar el esperpento, tampoco el entonces ministro de Interior Juan Ignacio Zoido sabía nada del despliegue policial y endosó a sus subordinados las decisiones sobre el operativo, algo que obliga a preguntarse sobre su idoneidad para el cargo. Por el contrario, la declaración del lendakari fue clara e ilustradora precisando que sí ejerció una labor de mediación, que mantuvo conversaciones con las dos partes y que llegó a formalizar hasta cuatro o cinco propuestas de distensión. Desmintió a Rajoy, pero también dejó en mal lugar a Puigdemont cuando explicó que en ningún caso le puso como condición un referéndum de autodeterminación o cuando se refirió al acuerdo alcanzado para convocar elecciones que el entonces presidente catalán rompió porque los suyos “se le estaban rebelando” y no por falta de garantías como dijo. Ya es cuestión de credibilidad y de fe quedarse con una versión u otra.

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