La polémica de los lazos

Hoy por la tarde acaba el plazo dado por la Junta Electoral Central para que la Generalitat retire de sus edificios los lazos amarillos, que muestran la solidaridad con los políticos presos y ahora juzgados. De momento no se ha retirado ningún lazo, ni parece que haya intención de hacerlo a tenor de la respuesta de la aún consellera Artadi, que calificó como ridícula la resolución y anunció que responderían con alegaciones y soluciones combativas. La Generalitat puede presentar alegaciones ante el Supremo y si el tribunal las rechaza se enfrentan a un expediente sancionador con multas que según la ley orgánica de régimen electoral van desde los 300 a 3.000 euros, pero también a un posible proceso penal por desobediencia contra el presidente, Quim Torra, que podría ser el objetivo deseado por quienes han denunciado la situación, Ciudadanos, que ayer ya advertían de las consecuencias penales a las que se enfrentan. La Junta Electoral considera que tanto los lazos amarillos como la bandera estelada “son símbolos partidistas utilizados por formaciones concurrentes a las elecciones” y estima que “pueden ser legítimamente utilizados por las formaciones políticas en su propaganda electoral, pero no por los poderes públicos ya que estos deben mantener una rigurosa neutralidad política”. Sorprende esta interpretación después de que Manuel Marchena, el presidente de la sala del Tribunal que juzga el procés, autorizara que acusados o público llevaran lazos amarillos refiriéndose a dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para no poner ningún obstáculo a que se llevaran “símbolos ideológicos”, como tampoco se vetan los símbolos religiosos. Y es curioso que dos miembros de este tribunal, Luciano Varela y Ana Ferrer, también formen parte de la Junta Electoral Central, que decidió lo contrario, por más que hayan asegurado que se abstuvieron de participar en el debate y en la resolución del conflicto por su posible relación con el otro tema que están juzgando. Queda para los expertos dilucidar si los lazos son un símbolo partidista como ha interpretado la Junta o un símbolo ideológico como dijo Marchena con jurisprudencia europea y solventar un debate que ya es repetitivo en cada campaña electoral sobre si ha de primar la libertad de expresión como derecho fundamental como sostiene la Generalitat o bien la independencia de las instituciones que les debería impedir tomar partido.